Gobierno cubano aplicará impuesto del 10% a vendedores minoristas de productos agropecuarios

La medida fue aprobada a través de la Resolución 16/2022 del Ministerio de Finanzas y Precios, incluida en la Gaceta Oficial de la República del 4 de febrero.

Vendedor de productos agropecuarios en Cuba © CiberCuba
Vendedor de productos agropecuarios en Cuba Foto © CiberCuba

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El gobierno cubano aplicará un impuesto del 10% sobre las ventas a los vendedores minoristas de productos agropecuarios, lo cual elevaría aún más los precios de estos alimentos.

La Gaceta Oficial advierte que el Ministerio de Finanzas y Precios está facultado para establecer esta medida cuando "circunstancias económicas y sociales" así lo aconsejen, lo que para muchos se hace incomprensible en un contexto de elevada inflación y extrema carencia de alimentos en el país.


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La medida fue aprobada a través de la Resolución 16/2022 del Ministerio de Finanzas y Precios, incluida en la Gaceta Oficial de la República del 4 de febrero.

Según la norma, el Impuesto del 10 % se aplicará sobre los vendedores de "productos agropecuarios de forma minorista en mercados agropecuarios, en puntos de ventas pertenecientes a cooperativas de créditos y servicios, cooperativas de producción agropecuaria u otras formas de producción, incluidos los productores individuales, en ferias u otros eventos expresamente autorizados y en las unidades de comercio minorista autorizadas a adquirir y comercializar productos agropecuarios".

Por su parte, quienes comercialicen productos agropecuarios de forma minorista con precios fijados por los Consejos Provinciales o de las Administraciones municipales, o quienes comercialicen productos con precios centralizados, deberán pagar el Impuesto sobre las Ventas con una bonificación en su pago, consistente en la aplicación de un impuesto de 5 %.

El documento aclara que el cobro de esos impuestos se hace sobre el importe resultante del total de las ventas que se consignen en la declaración jurada, entregada diariamente por los vendedores a los mercados agropecuarios estatales. Estos mercados están subordinados administrativamente al Ministerio de la Agricultura por concepto de Impuesto sobre las Ventas.

Asimismo, la entidad que opera las instalaciones del mercado agropecuario deduce del importe total cobrado cada día por concepto de impuesto, el 1 % de dicha cantidad, como comisión por la gestión de cobros que realice, señala la Resolución.

Las personas naturales y jurídicas que concurran como vendedores permanentes o estables a los mercados agropecuarios subordinados administrativamente al Ministerio del Comercio Interior y vendan sus productos en un área delimitada dentro de estos, pagarán el Impuesto sobre las Ventas, dentro del plazo y con las formalidades previstas en las disposiciones aprobadas al respecto para estos mercados, expresa el documento.

Sobre los puntos de ventas pertenecientes a cooperativas de créditos y servicios, cooperativas de producción agropecuaria u otras formas de producción, incluidos los productores individuales, se aplican los impuestos al total de las ventas consignadas en la Declaración Jurada que llenan diariamente, y pagan el Impuesto sobre las Ventas, decenalmente, a las entidades del sistema de la Agricultura o de AZCUBA que administran el mercado al cual se encuentren vinculados.

Por último, explica que las unidades de comercio minorista autorizadas a adquirir y comercializar productos agropecuarios, pagarán el impuesto previa presentación de la Declaración Jurada, mensualmente, dentro de los primeros quince días hábiles del mes siguiente al que corresponda su pago, en las oficinas bancarias u otras habilitadas al efecto del municipio donde radiquen.

Únicamente se eximirá del pago del Impuesto sobre las Ventas "la comercialización minorista de los productos agropecuarios normados con destino a dietas médicas", cuyos precios se establecen por el Ministerio de Finanzas y Precios.

La noticia cae como balde de agua fría sobre centenares de vendedores minoristas de productos del agro, y sobre los compradores que podrían ver elevarse una vez más los precios de los alimentos, en un país que cerró 2021 con una inflación del 6,900 % en el mercado informal y una promesa del gobierno de acabar con la inflación en 2022.

“No es fácil, pero no imposible, está en nuestras manos y lo lograremos”, afirmó convencido Alejandro Gil Fernández, ministro de Economía y Planificación, pero las actuales medidas parecen empeorar la situación en detrimento de la promesa oficialista.

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