La cadena de impagos en Cuba y el déficit público

Como viene siendo habitual, los artículos publicados en la sección de Economía del diario Invasor dan en la diana. El último se titula “Deudas millonarias: la punta de la soga” y si su contenido es excelente y merece una especial consideración, los comentarios de los lectores no tienen desperdicio.

Es por ello interesante reflexionar sobre el asunto de los impagos en Cuba. Un tema recurrente que, de vez en cuando, aflora en la prensa estatal comunista, pero que, de un modo u otro, siempre ha estado ahí. Ocurre que hay momentos en que puede acabar creando graves problemas estructurales. Y el actual, lo puede ser.

Baste señalar que las deudas entre entidades y actores económicos no deberían existir en el marco de una economía de planificación central dirigida por el estado, como la cubana. Este hecho indica, de antemano, que algo no funciona o que la maquinaria se resiente por deudas que se van dejando de pagar, se acumulan y al final crean una cadena de impagos que acaba arrastrando a justos y pecadores.

Apuntar, además, que buena parte de esas deudas que no se pagan suelen estar concentradas en las empresas estatales y provinciales, en tanto que impagos de los actores económicos privados se conocen menos. Tal vez porque tienen miedo de que, a resultas de dicha actuación, se les arrebate el negocio por el régimen. Por tanto, si se quiere hablar de impagos en Cuba, hay que prestar atención al funcionamiento de las empresas estatales, las niñas mimadas del régimen comunista.

¿Por qué estas empresas, que se supone solventes y dotadas de recursos financieros suficientes, caen en deudas que luego no pagan? La respuesta es sencilla. Porque ni son solventes, ni tienen recursos financieros, y lo que es peor, en muchos casos, suelen estar mal gestionadas. Pero, antes de atribuir responsabilidades a los gestores empresariales en Cuba, que bastante tienen con lidiar a diario contra la maraña jerárquica e ideológica que les condiciona la actividad, mejor es levantar el periscopio y mirar a lo lejos.

Y si se adopta esta visión estratégica, se descubre que la cadena de impagos tiene mucho que ver con el ADN del régimen económico y social creado por Fidel Castro y conservado por sus sucesores, que ha llegado tocado y casi hundido a nuestros días, y lo que es peor, no existen mecanismos dentro del sistema para la corrección.

Los supuestos que daban lugar a los impagos son tan diversos como uno pueda imaginar. En el reportaje de Invasor se citan algunos casos. Por ejemplo, guajiros “que parecían prestamistas y fiadores porque permitían a Acopio engrosar los millones de una deuda al seguir vendiendo, precisamente, a quien no les pagaba”. Al actuar de este modo, los impagos crecían de forma irresponsable, pero ¿quién se atreve a decir no, a Acopio? O, dicho de otro modo, ¿quién le pone el cascabel al gato? Se conseguía que el intermediario estatal siguiera llevándose los productos del campo en vez de dejarlos pudrir, pero muchos guajiros sabían que nunca iban a cobrar. Y lo que es peor, ¿a quién podrían quejarse?

Al parecer, en la actualidad las cosas han cambiado. La existencia de contratos obliga a cumplir, pero solo porque los guajiros se han cansado de ser la parte débil de una cadena que. en cualquier momento, puede estallar. Y a diferencia de antes, al intermediario estatal se le dice claramente, “si no pagas lo que compras, no te sigo vendiendo más y me respalda la nueva política de comercialización”, si, esa que se ha incluido en las famosas “63 medidas” que el ministro de la Agricultura defiende cada vez que puede.

El problema es que los guajiros no conocen esta posibilidad, y muchos de ellos, desde el primer momento, dieron la espalda o no se fiaron de las “63 medidas”, y hacen bien, porque exigir el pago a Acopio no es una cuestión de medidas de gobierno, sino de relaciones económicas y de responsabilidad. Acopio no necesita medidas, lo que necesita es un buen tirón de orejas: competencia y libertad.

¿Pero acaso es Acopio el único culpable de esta historia? No. Al parecer también hay entidades que le deben a Acopio. Mercados Habana, como dicen en Invasor, “la empresa que ha cambiado de nombre, de estructura y de todo lo que deba ser cambiado y aun así sigue invariable en sus deudas” debía a Acopio, al cierre de enero, más de 24 millones de pesos. Y dice Invasor “no deja de ser significativo que esta cifra sea la misma que Acopio debía a su principal proveedor, la Empresa Agropecuaria La Cuba”. La cadena no hace más que crecer.

Y crece porque el régimen no hace lo necesario para poner coto a prácticas que no se deberían aceptar. De hecho, el Decreto 35/2021 de la comercialización de productos agropecuarios, señalaba que “las entidades acopiadoras y comercializadoras solo pueden realizar compras en función de sus capacidades logísticas y financieras”; y a continuación estableció que “los productos contratados que no se adquieran por las entidades acopiadoras y comercializadoras por causas imputables a estas, se pueden vender por las cooperativas o productores y las empresas estatales productoras de alimentos, según sea el caso, a otras formas de comercialización existentes en el país”.

¿Y qué hacen que no se lleva a la práctica este tipo de medidas? Es explicable por esa absurda creencia del régimen castrista de pensar que por publicar una norma o un decreto en la Gaceta oficial la economía ya va a funcionar como debe. Este es un contraejemplo que debería llevar a una reflexión. Existe el marco, pero no funciona porque en la realidad no se hacen, así las cosas.

Detrás de La Cuba, con la que al parecer se fueron desatascando los impagos de Acopio, saltó el caso de la Agroindustrial Ceballos, una de las corporaciones más importantes del país. que declaró dificultades económicas al poco de arrancar la Tarea Ordenamiento el pasado año 2021.

Desde la Ceballos, la queja era que la deuda con Acopio se redujo en 9 millones de pesos (de un total de 100 millones a finales de enero) pero que ya no les venden nada. Aquí las relaciones se han roto, en el sentido económico y comercial, y han entrado en los tribunales, donde ya se verá como acaba todo.

Esa perspectiva de acudir a los tribunales castristas a resolver problemas económicos ha quedado abierta para aquellos que firman contratos, pero no parece que esta sea la solución al problema, sino una forma de agitarlo y de acabar arrastrando injerencias políticas al ámbito judicial, lo que es rechazable desde la perspectiva de un estado de derecho, que en Cuba ha sido conculcado desde 1959.

La visión estratégica del problema de los impagos y su notable aumento en 2021 nos lleva, como ya puede imaginar el lector, al origen de este estallido de la deuda, que no es otro que la aplicación de las medidas de la Tarea Ordenamiento. No en vano, se califica 2021 en Invasor “como el año más crítico”, y las medidas, acuerdos, resoluciones y alertas del régimen, lejos de ayudar, lo que han conseguido es un deterioro de la situación que nada tiene que ver con lo ocurrido en las dos últimas décadas.

Ni siquiera la entrada del crédito y la banca han servido para paliar la situación. Sobre todo, porque los bancos, a pesar de ser correas de transmisión de decisiones políticas del gobierno, no tienen recursos suficientes para prestar, como consecuencia de la obligatoria adquisición de bonos soberanos para financiar el déficit y la deuda estatal, que también gravitan sobre la economía cubana.

Quien decide endeudarse con un banco para pagar una deuda contraída por culpa de quienes, a su vez, no pagaron y, además, hoy también están hoy pidiendo otros créditos para saldar las deudas que tienen, se mete en un carrusel de la muerte, del que difícilmente saldrá bien parado. Porque, además, a los bancos no les va a temblar el pulso cuando exijan saldar las cuentas a los deudores, y no tendrán las mínimas contemplaciones con quien no devuelve los préstamos.

Los bancos no pueden aumentar su endeudamiento, y se encuentran mucho más vigilados y sometidos a control del régimen para evitar riesgos sistémicos. En fin, todas estas prácticas, ajenas a la normalidad en el mundo de los negocios, se están produciendo en la economía de planificación centralizada, el “paraíso de las clases trabajadoras”, que dirige Díaz Canel. Increíble, pero cierto.

Una economía no puede funcionar a golpe de deudores que no pagan. Los contratos deben tener fuerza legal, pero lo más importante es que se cumpla lo establecido en ellos.

Con la abundante cantidad de dinero en circulación que existe en Cuba, no parece que la cadena de impagos surja por deficiencias en las finanzas.

La vieja historia de los impagos en Cuba se dispara desde la Tarea Ordenamiento, y solo salta a la vista de todos, cuando alguien experimenta síntomas de asfixia o le pisan un callo, haciendo daño.

¿Alguien se ha preguntado la relación que existe entre los impagos y el déficit público, que se sitúa ya en el 20%? Tal vez habría que empezar por ahí. Este año han reducido el déficit en el presupuesto inicial en casi un 20%, pero es insuficiente.

El peso del estado en la economía deja poco espacio para la actividad económica, y genera la cadena de impagos porque no se paga lo que se compra. En la economía de mercado libre, vivimos mucho mejor.