La organización no gubernamental Prisoners Defenders reportó un total de 1,167 prisioneros políticos en Cuba durante los últimos 12 meses.
A finales de febrero, la ONG confirmaba 1,007 presos políticos, incluidos 869 cubanos que permanecen aún encarcelados luego de la represión gubernamental derivada del estallido social del 11J, a los que se suman decenas de manifestantes que fueron liberados luego de la imposición de multas. Un total de 130 mujeres son prisioneras políticas del régimen.
Según los datos revelados por Prisoners Defenders, al menos 629 prisioneros han sido sentenciados, y de ellos 257 con penas de más de 10 años.
El informe registra 33 menores de edad procesados (29 niños y cuatro niñas): uno de 13 años; tres de 15; nueve de 16, y veinte de 17 años, según la edad documentada en la detención. De ellos, 20 están condenados a una pena media de 7,3 años de privación de libertad, y a ocho se les subsidió por trabajos forzados sin internamiento o limitación de libertad.
Uno de los cargos por los que se acusa a los prisioneros políticos del 11J es el de sedición, bajo el cual han sido acusados 16 niños y niñas y procesados 168 prisioneros.
Según el comunicado de la organización de acción jurídica y defensa pro-democrática, “esto no es más que una fracción, entre el 60% y el 70% de las cifras reales, cuya verificación total es simplemente inalcanzable por organización alguna salvo, por supuesto, por el régimen de la isla”.
En este sentido, Prisoners Defenders cuestionó también la nota de prensa emitida por la Fiscalía General de la República de Cuba el pasado enero en la que solo hacen referencia a los “117 expedientes de fase preparatoria correspondientes a los hechos de mayor connotación, con 790 personas instruidas de cargo por actos vandálicos, que atentaron contra autoridades, personas y bienes, así como graves alteraciones del orden”.
Asimismo, la organización señaló que “es imperativo que la ONU y la Comisión Europea se pronuncien de inmediato”; y agregó que “si el mundo democrático no puede tolerar los abusos de poder sobre otros pueblos indefensos, ¿qué hacemos callados ante la indefensión de los civiles, madres y menores aniquilados en vida de esta manera por su propio Estado?”.
Este 2 de marzo los manifestantes del 11J en el poblado de Perico, Matanzas, Félix Navarro Rodríguez, líder opositor y coordinador del Movimiento por la Democracia Pedro Luis Boitel, y su hija Saily Navarro, integrante de las Damas de Blanco, fueron sentenciados a nueve y ocho años de cárcel, respectivamente.
Otro de los manifestantes de julio pasado que se encuentra encarcelado, Bárbaro de Céspedes, conocido como "El Patriota de Camagüey", se declaró recientemente en huelga de hambre y fue confinado en una celda de castigo en la prisión Cerámica Roja.
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