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El gobierno cubano aplicó sanciones penales a 381 manifestantes del 11 y 12 de julio de 2021, según informó este lunes la Fiscalía General de la República.
La información oficial indica que desde el verano pasado fueron condenadas 381 personas, incluyendo 16 jóvenes de entre 16 y 18 años, a quienes el régimen culpa de atentar "contra el orden constitucional y la estabilidad de nuestro Estado socialista".
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Estas sanciones se aplicaron, "fundamentalmente por delitos de sedición; sabotaje; robo con fuerza y violencia; atentado; desacato y desórdenes públicos", dice una nota de la institución publicada en su página web.
Del total mencionado, 76 sentencias se han hecho firmes, precisa la publicación, que no responde a las acusaciones de decenas de imputados y sus familiares sobre irregularidades y falta de garantías al debido proceso en los juicios del llamado 11J.
Refiere, asimismo, que "a 297 acusados se les impuso sanciones de privación de libertad, atendiendo a la gravedad y circunstancias en que ocurrieron los hechos y a la conducta personal".
Por el delito de sedición fueron condenados 36 cubanos, a los que se les impuso penas de entre cinco y 25 años de privación de libertad, mientras que "a 84 acusados se les subsidió la sanción de privación de libertad, por otras penas alternativas que no implican –en principio, bajo condición de buena conducta–, su ingreso a prisión", afirma la Fiscalía.
De este último grupo, donde hay 15 jóvenes con edades entre 16 y 18 años, algunos fueron sancionados a trabajo correccional con y sin internamiento, y limitación de libertad, precisa la información.
La Fiscalía advierte a los manifestantes que cualquier violación de las obligaciones impuestas por el Tribunal o la comisión de un nuevo hecho delictivo, traerá como consecuencia "la revocación de la sanción subsidiaria y el cumplimiento del resto de la pena originalmente fijada, en privación de libertad".
En enero último, la Fiscalía reconoció que habían sido procesadas 790 personas en el país por participar en las protestas antigubernamentales del 11 y 12 de julio de 2021 en más de 60 ciudades cubanas.
Asimismo, que 27 menores de 16 años habían sido detenidos por su participaron en las manifestaciones y 10 permanecían entonces internados en centros del Ministerio del Interior (MININT).
Un documento público de la ONG defensora de los Derechos Humanos Cubalex muestra un listado de detenidos y desaparecidos en la isla tras los hechos del verano pasado que asciende a 1,478 personas.
Desde noviembre de 2021 la organización Justicia 11J y Cubalex han exigido "sobreseimiento libre y total con carácter inmediato de todos los procesos que estén en manos de la Fiscalía, así como de los casos que ya fueron presentados por la Fiscalía al tribunal, sin que se haya efectuado juicio".
La Fiscalía General de Cuba no mencionó, ni en una sola ocasión en su texto, la existencia de presos de conciencia en el país tras las protestas del 11J, a pesar de que la mayoría de las manifestaciones transcurrieron de modo pacífico para exigir el cambio político y la libertad en la isla.
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