El preso político Yeremin Salcine Jane, condenado a 10 años de privación de libertad tras las protestas del 11J, fue trasladado a la prisión Kilo 5, en Pinar del Río, alejado de su familia en Artemisa.
"No sabemos por qué lo trasladaron, pero fue al único de Artemisa que se llevaron para allá", declaró a CiberCuba su cónyuge Irma Rabelo Aragón, quien fue a visitarlo este viernes.
La joven pudo conocer que el prisionero político no quiere negociar con las autoridades ningún tipo de beneficios, dígase traslados a un campamento ni sanciones mínimas.
"Dice que la Seguridad del Estado lo enterró en vida con esta sanción, solo exige libertad porque es inocente y cualquier otra cosa sería injusta", detalló.
Poco antes, Rabelo Aragón había compartido en las redes sociales la información del traslado y cómo todo este tiempo en la cárcel ha afectado al prisionero político.
El joven, que cumplirá 32 años este domingo, le pidió a su cónyuge que no fuera más a visitarlo y continuara con su vida, porque no era justo que ella asumiera esa carga, lo que generó en ella sentimientos de dolor y orgullo.
"Lloramos, pero entre lágrimas y tristeza pude ver una ves más que aquel hombre al que un día elegí como mi esposo. ante los ojos de Dios,es mi héroe y mi universo", agregó.
Supo a través del prisionero político que debido a las injusticias que se comenten con los reclusos, decidió renunciar a los beneficios que pudiera recibir en la cárcel, aunque la mujer no explicó cuáles eran estos.
"Quiero que sepan él y el mundo entero, que hoy estoy más fuerte que nunca. Decidí ser más fuerte y pelar aún más por él. Orgullosa de ser tu esposa, Yeremin; el día 11 estaré de fiesta, cantaré Patria y Vida por ti, porque ese fue el día en que nuestro amor se hizo más fuerte", finalizó.
Yeremin Salcine Jane participó en las protestas del 11J en San Antonio de los Baños, Artemisa. Fue apresado ese mismo día y posteriormente lo acusaron de desorden público y desacato, por lo que cumple una condena de 10 años, de acuerdo con la información recopilada por la ONG Cubalex.
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