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El programa para ciudadanos cubanos que buscan emigrar a Estados Unidos por motivos de persecución política permanecerá congelado sin una fecha de reapertura prevista, a pesar de insistentes llamados de activistas y organizaciones de derechos humanos a reactivarlo como una prioridad inmediata.
Cinco años después de haberse congelado el Programa de Admisión de Refugiados (USRAP) tras el cierre de la embajada estadounidense en La Habana, el Departamento de Estado considera que el proceso para restaurar esa opción migratoria no estará disponible a corto plazo como parte de la normalización gradual de los servicios consulares en la sede diplomática, que comenzó a procesar casos pendientes de reunificación familiar desde el pasado 3 de mayo.
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Interrogado esta semana por CiberCuba, el subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos, Brian A. Nichols, reconoció que por el momento la embajada de La Habana "no tiene la capacidad para incrementar los servicios en otras áreas" como el programa de refugiados.
“Estamos comprometidos con el cumplimiento de todas nuestras obligaciones para promover la emigración ordenada, abrir más vías legales para las personas que deseen emigrar, pero es un proceso que requiere algo de tiempo", dijo el funcionario.
Nichols no ofreció una fecha para la reapertura del programa de refugiados, pero aseguró que se trata de "una prioridad para Estados Unidos".
Sin embargo, abogados y grupos de derechos humanos consideran que la reapertura del programa de refugiados es una cuestión de emergencia ante la escalada represiva que enfrentan cientos de activistas cubanos y su familias, especialmente manifestantes del 11-J.
"Es una situación insostenible y es una demanda que hemos hecho de manera directa a funcionarios del Departamento de Estado y de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, porque no se puede entender que se haya restablecido el programa de reunificación familiar y no el programa de refugiados en un momento de crisis política sin precedentes en Cuba", dijo a CiberCuba la activista e historiadora Salomé García Bacallao, coordinadora del grupo Justicia 11J.
A comienzos de junio, la administración de Joe Biden anunció oficialmente la reanudación del Programa de Reunificación de Familias Cubanas (CFRP), interrumpido desde 2017. Las autoridades indicaron que comenzarían procesando las solicitudes pendientes, acumuladas desde el cierre de los servicios consulares en La Habana.
Washington ha desactivado otras sanciones impuestas a envíos de remesas y viajes a Cuba durante la administración de Donald Trump, y ha insistido en brindar su apoyo irrestricto a las libertades fundamentales de los cubanos, pero miembros de la oposición, periodistas independientes y activistas cívicos piensan que el respaldo estadounidense debe validar el beneficio del refugio.
Bajo el USRAP, miles de cubanos procesaron desde La Habana sus peticiones de refugio en Estados Unidos durante décadas. Como refugiado califican aquellas personas de interés humanitario especial para EE.UU, porque demuestren persecución en su contra o temor de ser perseguidos por razones de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social.
Los solicitantes de refugio deben estar fuera del territorio de Estados Unidos y su caso puede incluir al cónyuge, hijos (no casados y menores de 21 años) y otros miembros de su familia.
García Bacallao indicó que en el listado de personas detenidas por el 11-J y promotores de la frustrada manifestación del 15 de noviembre de 2021, su organización ha registrado más de 40 personas que han emigrado a Estados Unidos por corredores irregulares, utilizado tanto la frontera mexicana como la vía marítima.
La mayoría ha emigrado a través de Nicaragua, luego de la exención de visados para cubanos desde el pasado noviembre, "porque simplemente no encuentran otra alternativa".
Más de 140 mil cubanos ingresaron a territorio estadounidense por la frontera sur en los últimos nueve meses, el 95% de ellos luego del levantamiento de visados decretado por el gobierno de Nicaragua. Un total de 3,369 han sido interceptados por la Guardia Costera en alta mar durante el año fiscal en curso.
"Entre las recomendaciones que hemos hecho está garantizar que las personas perseguidas en Cuba puedan acceder a vías legales de protección internacional y no tengan que recurrir a corredores migratorios irregulares, exponiéndose a la trata de personas e incluso a la muerte", manifestó la activista.
El abogado Willy Allen coincide en que la parálisis del programa de refugiados ha forzado a muchas personas a la inmigración ilegal.
"Es muy preocupante que desde septiembre de 2017 los cubanos no hayan tenido la opción de pedir refugio en ninguna embajada estadounidense y se han visto obligados a buscar asilo en otros países o venir a Estados Unidos de manera irregular", dijo Allen a CiberCuba.
Un reciente informe elaborado por Justicia 11 y Cubalex indica que 1,484 personas fueron arrestadas por las protestas del 11J, de las que 701 permanecen en prisión y 622 enfrentaron juicios con escasas garantías procesales.
García Bacallao manifestó su preocupación por manifestantes del 11-J que ya cumplieron sus sanciones y están siendo acosados, recibiendo citaciones y amenazas policiales, con perjuicio también para sus familias.
La activista recordó el caso de Gabriela Zequeira, sentenciada a ocho meses de reclusión domiciliaria por las protestas del 11-J en La Habana, y sometida actualmente a vigilancia y hostigamiento tras cumplir su sanción.
"Estas personas y otras que están por salir en los próximos meses no van a poder continuar estudios ni reincorporarse al mercado laboral, porque reciben acoso constante o saben que están estigmatizados y vigilados por el CDR o el jefe del sector policial, que los visitan, los citan con frecuencia y los amenazan", aseveró García Bacallao.
Pero también citó el caso de otros opositores como Danaisi Muñoz, integrante de las Damas de Blanco, detenida con su esposo, su hija embarazada y su nieta en un centro de inmigración de Rusia, en peligro de ser deportados.
"Son opositores de larga data que han tenido que irse a lugares remotos porque no encuentran otra salida", dijo la activista.
Allen recordó que en 2018 el Departamento de Estado valoró que el Consulado estadounidense en Ciudad de México procesaría los casos de refugiados, pero la iniciativa nunca se concretó.
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