El gobierno de Estados Unidos mantuvo a Cuba en la “lista negra” del tráfico de personas, al considerar que incumple los estándares marcados por la ley para la protección a las víctimas e impedir esta forma de tráfico.
Además de Cuba, se incluyen en la “lista negra” los regímenes de Venezuela, Nicaragua y de otros 19 países, entre ellos, Rusia, China, Bielorrusia, Corea del Norte, Siria o Irán. Así lo señaló el Departamento de Estado en su Informe de Tráfico de Personas de 2022.
El régimen cubano aparece señalado en el capítulo dedicado al tráfico de personas organizado por las propias autoridades del país. Junto a Rusia, Siria o Irán, la administración Biden incluyó a Cuba entre los países agrupados en el capítulo “Cuando el gobierno es el traficante: trata de personas patrocinada por el Estado”.
“Algunos gobiernos son parte del problema, obligando directamente a sus ciudadanos al tráfico sexual o al trabajo forzado… Para extraer los beneficios de este trabajo o servicio, los gobiernos coaccionan amenazando con retirar las prestaciones públicas, reteniendo salarios, amenazando con castigar a familiares, o condicionando los servicios, la alimentación o la libertad de movimiento”, indicó el documento.
En el caso de Cuba, el gobierno de Estados Unidos identificó una “política o patrón documentado sobre trata de personas en programas financiados por el gobierno y trabajo forzoso en servicios médicos afiliados al gobierno”.
En ese sentido destacó que durante el periodo estudiado hubo una "política del Gobierno o patrón de beneficio" de los programas de exportación de trabajadores "con fuertes indicios" de trabajo forzoso.
Las misiones médicas cubanas en otros países constituyen para el Departamento de Estado un claro ejemplo de tráfico de personas. La Habana "siguió desplegando trabajadores cubanos en países extranjeros empleando tácticas engañosas y coercitivas" y sin abordar "violaciones laborales y delitos de tráfico", aseguró el informe.
Entre otras alegaciones, EE.UU. acusó a Cuba de no informar a los participantes en esos programas sobre los términos de sus contratos, que varían de país a país. También de confiscar sus pasaportes, acreditaciones profesionales y salarios, y amenazar a los profesionales sanitarios y sus familiares si abandonaban esas misiones.
Al igual que en los últimos cinco años, EE.UU. afirmó en su informe de 2022 que los traficantes de personas "explotan" a víctimas nacionales y extranjeras en Cuba, y aseguró que el gobierno cubano no ha informado de haber hecho ningún esfuerzo de cumplimiento de la ley para luchar contra el tráfico de seres humanos.
En la región, el documento señaló de manera más crítica a Venezuela, de cuyo régimen dijo que "no reúne en absoluto los estándares mínimos para eliminar el tráfico y no está haciendo ningún esfuerzo para hacerlo".
El ejecutivo de Nicolás Maduro "continuó proporcionando apoyo y mantuvo un ambiente permisivo a grupos armados no estatales que reclutaron y usaron niños soldados para conflictos armados y colaboraron en el tráfico sexual y trabajos forzosos mientras operaban con impunidad", denunció.
Respecto a Nicaragua, el informe afirmó que el régimen de Daniel Ortega, ha "minimizado" la gravedad de este fenómeno, pese a haber llevado a cabo algunas medidas para abordarlo, como el enjuiciamiento y la condena de cuatro traficantes de personas para explotarlas sexualmente.
Además, criticó la inacción frente a “la corrupción endémica y la amplia complicidad de funcionarios” en la comisión de delitos relacionados con el tráfico de personas.
“Tenemos que encontrar más formas de ejercer presión efectiva sobre los gobiernos que participan o permiten la trata de personas: China, Cuba, Corea del Norte y Rusia”, apuntó a finales de enero del pasado año el secretario de Estado, Antony Blinken.
En abril, tres congresistas y un senador cubanoamericanos de Florida pidieron investigar las misiones médicas de Cuba en México por el delito de trata de personas, tras la firma de convenios de cooperación en materia de salud entre los gobiernos mexicano y cubano.
"Repiten sin pudor las mentiras fabricadas durante el gobierno de Trump para justificar la agresión. Muestra de la corrupción política", dijo el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla en julio de 2021, tras presentar Estados Unidos su informe correspondiente a ese año, en el que se señaló al régimen de La Habana por las mismas faltas que ahora le vuelve a reprochar.
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