Una exempleada hispana de la Policía de Miami-Dade fue condenada a dos meses de privación de libertad después de declararse culpable, a principios de 2022, de estafar fondos federales destinados al enfrentamiento del COVID-19.
Elisa Rivera, de 51 años, recibió su sentencia este miércoles por parte del juez superior de distrito Donald L. Graham, quien le impuso privación de libertad por 60 días, seguida de 18 meses de libertad supervisada (con los primeros 60 días en reclusión domiciliaria), informó el Departamento de Justicia de EE.UU. en un comunicado.
Previo a la sentencia, la acusada restituyó al gobierno federal la cantidad de 115,063 dólares, le fueron decomisados 2,000 dólares y una valoración especial de 100 dólares, indicó la información. Rivera debe entregarse a la Oficina de Prisiones antes del 4 de noviembre.
La acusada, exfuncionaria del Departamento de Policía de Miami-Dade (MDPD), fue parte de un plan para presentar solicitudes fraudulentas a la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos (SBA) para subvenciones de anticipos y préstamos de ayuda por el COVID-19 a bajo interés.
Rivera había conspirado con otra persona, no identificada, para presentar electrónicamente una solicitud federal declarando que ella era la propietaria de un negocio con fines de lucro que operaba bajo su propio nombre.
“Dicha solicitud certificaba de forma falsa y fraudulenta que el negocio llamado 'Elisa Rivera' se había establecido el 1 de marzo de 2017 o alrededor de esa fecha, y que durante el período de 12 meses anteriores al 31 de enero de 2020, ese negocio tenía unos ingresos brutos de 325.446 dólares y 12 empleados”, indicó el comunicado judicial.
Sin embargo, la información no era cierta, ella no era dueña de ningún negocio ni contratista independiente y no tenía ingresos brutos del negocio ni empleados. Como resultado de este fraude, Rivera recibió 71,300 dólares de la SBA por concepto de préstamos y subvenciones.
Una serie de solicitudes como esta fueron presentadas por Rivera a nombre de otras personas que tampoco eran propietarios de empresas e incluían información falsa, a fin de que los solicitantes cobraran anticipos de 10,000 dólares y, a cambio, la acusada recibió honorarios por los trámites.
En febrero, Rivera se había declarado culpable ante la acusación de conspiración para cometer fraude electrónico como parte de un plan para presentar solicitudes fraudulentas a la SBA de Estados Unidos.
En marzo de 2020 se promulgó una ley que ofrecía asistencia financiera de emergencia a los estadounidenses que sufrían los efectos económicos causados por la pandemia de COVID-19.
La ley autorizó y proporcionó fondos a la SBA para que concediera Préstamos por Daños Económicos por Desastre (EIDL) a las pequeñas empresas (incluidas las unipersonales y contratistas independientes) que sufrieran importantes problemas financieros debido a la pandemia de COVID-19.
En mayo de 2021, el Fiscal General estableció el Grupo de Trabajo de Aplicación del Fraude COVID-19 para para investigar y perseguir a los actores criminales nacionales e internacionales y sus esquemas de operación, vinculados a casos de fraude relacionados con la pandemia.
A inicios de este año, se había conocido el caso de otro empleado público de la ciudad de Miami Beach, acusado de un cargo de mala conducta oficial y otro de robo, por usar recursos públicos y a empleados de la ciudad en la construcción de su domicilio.
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