El gobierno de Estados Unidos revocó la normativa de "carga pública" emitida por la administración de Donald Trump para inmigrantes beneficiados con ayudas federales, con el fin de eliminar obstáculos en solicitudes de visado y residencia permanente en el país.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó en un comunicado que la nueva versión para la llamada “carga pública” entraría formalmente en vigor a fines de diciembre, aunque que ya la administración de Joe Biden había desestimado la de su predecesor.
El anterior reglamento no tenía un efecto amplio sobre los inmigrantes cubanos, aunque afectaba a algunos casos de personas que han entrado con reclamaciones familiares directas o visas de noviazgo (fiancé) tras cumplir el trámite regular de espera, y han solicitado después ayudas financieras de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas o el Seguro de Ingreso Suplementario del Seguro Social.
Sin embargo, no implicaba a quienes regularizaron su estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano (CAA) y pidieron beneficios de ayuda federal y estatal.
DHS aseguró que la nueva norma que define cuándo y por qué una persona puede ser considerada dependiente de los beneficios del estado, “es justa y humana” y restaura la comprensión histórica de una "carga pública" que había existido durante décadas y suspendida en 2019.
La norma que regirá a partir de diciembre no considerará en las determinaciones de carga pública los beneficios recibidos por miembros de la familia que no sean el solicitante. DHS tampoco considerará la recepción de ciertos beneficios no monetarios para los cuales los no ciudadanos pueden ser elegibles.
Estos beneficios incluyen el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) u otros programas de nutrición, Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP), Medicaid (excepto para la institucionalización a largo plazo), beneficios de vivienda, cualquier beneficio relacionado con vacunas o pruebas de enfermedades transmisibles u otros beneficios complementarios o de propósito especial.
“Esta acción garantiza un trato justo y humano para los inmigrantes legales y sus familiares ciudadanos estadounidenses”, dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas.
“De acuerdo con los valores fundamentales de Estados Unidos, no penalizaremos a las personas por decidir acceder a los beneficios de salud y otros servicios gubernamentales complementarios disponibles para ellos”, precisó.
El director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), Ur M. Jaddou, señaló que la nueva normativa “trata a todos aquellos a quienes servimos con justicia y respeto” y que su administración se encamina a eliminar obstáculos en el sistema migratorio.
“Aunque todavía queda mucho por hacer para superar la confusión y el miedo, continuaremos trabajando para derribar las barreras en el sistema de inmigración, restaurar la fe y la confianza con nuestras comunidades de inmigrantes y eliminar las cargas excesivas en el proceso de solicitud”, agregó.
Según el presidente de la American Immigration Lawyers Association, Jeremy McKinney, los cambios a la regulación de Trump recientemente anunciados “cambiarán vidas en toda nuestra nación”, en tanto la normativa derogada “causó tal temor entre los inmigrantes que buscaban solicitar legalmente una green card que muchos optaron por renunciar a la atención médica y al apoyo económico vital”, dijo en un comunicado.
La vieja norma fue emitida en 2019 y se encontraba en vigor desde el 24 de febrero de 2020 y ponía trabas a ciertos inmigrantes a la hora de cambiar su estatus migratorio, bajo presunción de que podría convertirse en una carga pública.
El proceso para la obtención de una visa o la residencia permanente (las llamadas green card), donde que el extranjero debe demostrar que cuenta con los recursos para costear sus gastos y no será una carga para el gobierno, fue modificado por la administración Trump e incluyó más requisitos.
Por ejemplo, si la persona se beneficiaba del Medicaid, cupones de alimentos y vales de vivienda, su petición podía ser considerada inadmisible. La edad, el estado de salud o el nivel de estudio también fueron agregados al trámite en 2020 como aspectos a considerar, asi como la presentación del Formulario I-864, Declaración Jurada de Apoyo Bajo la Sección 213A de la INA, presentado en nombre de un no ciudadano.
La disposición de Trump, ahora revocada oficialmente por Biden, se orientaba a que inmigrantes con bajos ingresos no pudieran permanecer en el país, o que las reclamaciones directas de familiares no fueran aceptadas como válidas.
Afectaba especialmente a las personas que entraron o solicitaron su entrada al país bajo la Sección 245 de la Ley de Inmigración y Ciudadanía (INA), sin necesidad de regularizar su estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano (CAA).
Mientras que quienes se acogían a la CAA estaban exentos de las restricciones. Estos son los que entraron por la frontera, recibieron asilo político, o llegaron legalmente y solicitaron ajustar su estatus migratorio al año y un día de permanencia ininterrumpida en el país, así como los beneficiados bajo el Programa de Reunificación Familiar para Cubanos (CFRP).
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