La organización Cubalex condenó las amenazas y coacciones de la Seguridad del Estado contra periodistas cubanos independientes, obligándolos en los últimos días a abandonar sus puestos de trabajo.
"Recordamos al Estado cubano que debe abstenerse de realizar cualquier acto que sea constitutivo de torturas y malos tratos a través de sus órganos y agentes", manifestó la ONG en un comunicado.
Cubalex destacó que las renuncias no son espontáneas y en todas se observa un patrón en el que prevalecen frases como: “Bajo presiones y chantajes nos hemos visto forzados a cesar nuestro proyecto”, “me voy porque otros me obligan”, “no se me permitirá salir del país hasta cumplir ciertas condiciones exigidas por la Seguridad del Estado”.
Lo anterior demuestra, según el análisis de la ONG, que existe presión por parte de los oficiales de la contrainteligencia cubana hacia estas personas para que se aparten del periodismo independiente, calificándolo como un acto de censura y violación de la libertad de expresión, opinión y prensa.
"Las autoridades cubanas incurren en los delitos de abuso de autoridad y de tortura regulados en el Código Penal, cuando provocan sufrimiento mental, intimidan y coaccionan a los periodistas con el fin de obtener una confesión, información, que renuncien a sus puestos de trabajo y castigarlos por el ejercicio de su profesión, contrario al principio de no discriminación", resaltó Cubalex.
Especial interés tiene para el grupo de asesoría jurídica que además de renunciar por su salud mental y física, los periodistas alegaron que no quieren ver comprometido su derecho a la libre circulación, específicamente si desean salir del país.
"El Estado viola el derecho a la libertad de movimiento regulado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y en la Constitución cubana", aseguró la ONG.
Cubalex enfatizó que los oficiales de la Seguridad del Estado sistematizan en la práctica diligencias de investigación que están previstas en el Código Penal para reprimir, amenazar y torturar a las personas que les resulta de su interés, aprovechándose arbitrariamente de la discrecionalidad de las normas.
"El principio de legalidad se viola y los responsables quedan impunes porque el Estado no cumple su obligación internacional de investigar, juzgar y sancionar para garantizar la no repetición de estos actos violatorios de los derechos humanos", advirtió.
Asimismo, denunció que los oficiales de la Contrainteligencia cubana amenazan a estos ciudadanos con aplicarles un Código Penal que aún no está vigente.
"Cuando se le impide a un periodista ejercer su trabajo, no solo se vulnera la libertad de prensa, sino que se afecta el derecho de acceso a la información de toda la sociedad", finalizó.
A finales de agosto, seis periodistas independientes vinculados a El Toque fueron "regulados" por las autoridades migratorias cubanas, método represivo que utilizan también contra activistas, opositores para impedirles viajar fuera de Cuba.
Luego de eso, un total de nueve reporteros anunciaron su salida del medio de prensa, dejando fuera toda posibilidad de formar parte de algún proyecto de periodismo independiente, y se anunció la suspención del suplemento humorístico Xeld2.
"Vivimos días de mucha tristeza e indignación. Nos genera un gran conflicto emocional que miembros del equipo se vean obligados a dejar de trabajar, sin otra razón que la de un autoritarismo que no rinde cuentas", expresó el medio digital a través de un comunicado.
Por su parte, otros miembros de la sociedad civil independiente también han sido coaccionados y obligados a suspender sus actividades en favor de los derechos humanos, como los jóvenes Jancel Moreno y Raúl Soublett.
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