Concluso para sentencia juicio contra empresario francés y ocho ciudadanos cubanos

En la Sala Segunda del Tribunal Provincial Popular de La Habana, especializada en el conocimiento de delitos económicos y otros asociados a la corrupción, fueron juzgados durante cinco días el empresario francés Jean Louis Henry Autret, radicado en Cuba hace más de una década, y ocho ciudadanos cubanos. En el acto del juicio oral y público, desarrollado desde el 28 de junio hasta el pasado día 2, el Fiscal en su acusación solicitó para Autret 15 años de privación de libertad, como sanción conjunta por la comisión de los delitos de Lavado de Dinero, Actividades Económicas Ilícitas, Tráfico de Divisas y Evasión Fiscal. En relación con los restantes acusados por los delitos de Falsificación de Documentos Públicos y Cohecho, interesó penas de entre tres y siete años de privación de libertad. Son ellos María Collazo González, Juan Carlos Hechevarría Aguilar, José Diosdado Romero Basulto, Daymís Daisy Toriza del Valle, Jesús Alberto Zaldívar Ochoa, Yaíma Sáliva Castellanos, Yizza Lassalle Marino y Delia Rosa Rosales Leyva. Durante el desarrollo del juicio se examinaron las declaraciones de los acusados, abundantes pruebas documentales (entre las que se incluyen las propuestas por las autoridades francesas a solicitud de Cuba), así como las testificales y periciales, todas las cuales fueron puestas a la valoración del Tribunal. El Fiscal sostuvo en su acusación que la actividad de Lavado de Dinero realizada por Jean Louis Henry Autret estuvo enmarcada en el funcionamiento de varias sociedades, la utilización de servicios bancarios para la realización de "presuntas operaciones" comerciales entre sociedades, y movimientos cíclicos de dinero entre las cuentas bancarias en Cuba y en el extranjero, dirigidos a ocultar, desvirtuar y legalizar el origen de los fondos resultantes del comercio prohibido de estupefacientes y de asociaciones delictivas creadas y dedicadas a ejecutar estas actividades, logrando incrementar significativamente su propio capital. El Ministerio Fiscal explicó que entre los años 1997 y 2009, el acusado Autret desarrolló actividades comerciales a través de sociedades mercantiles no registradas legalmente, y en otros casos ajenas al objeto social de entidades creadas oficialmente, en el ámbito de cuyas actividades incurrió en ilícitos penales, tipificados como Tráfico de Divisas y Evasión Fiscal. Los abogados que asumieron la defensa de los encartados en la causa contaron con todas las garantías requeridas para su desempeño profesional, y expresaron en defensa de los acusados los argumentos que entendieron pertinentes. El Tribunal declaró el proceso concluso para sentencia y pronunciará su veredicto en los próximos días. Fuente: CubaDebate