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La Seguridad del Estado suspendió la citación a la académica Alina Bárbara López Hernández, coordinadora del medio independiente La Joven Cuba, luego de que ella interpusiera una queja ante la Fiscalía.
Según relató en su muro de Facebook la intelectual matancera, el miércoles por la mañana la llamó un capitán, el jefe de la estación de la Policía adonde la habían citado para ese día a las 4:00 pm, y le dijo que su citación había quedado suspendida.
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"Imagino que Fiscalía intervino en favor de la acción de nulidad que solicité. Podemos defendernos ante la ilegalidad de los procedimientos, a estudiar la Ley de Proceso Penal", subrayó.
Horas antes, tras no acudir a una primera entrevista con la Seguridad del Estado para el martes a las 2:00 pm, y anunciar que tampoco asistiría a la del miércoles, López Hernández describió las acciones legales emprendidas por ella para defenderse, con el deseo de que "sirvan a otras personas en similar situación".
"Los cubanos carecemos de cultura jurídica y debemos lograrla en tiempos en que hay que hacer valer los derechos de libertad de pensamiento y expresión que la Constitución establece", dijo.
La historiadora presentó ante la Fiscalía Provincial de Matanzas una queja y acción de nulidad contra las citaciones oficiales que le entregaron. La fiscal que la atendió, reconoció que ambos documentos carecían de las formalidades legales obligatorias, y le expresó que pediría información a la Seguridad del Estado.
"Me queda claro, por la asesoría legal que recibí, por la lectura detallada que hice de la Ley de Proceso Penal (LPP), e incluso por las respuestas que la fiscal dio a mis dudas, que ningún ciudadano puede ser citado bajo invocación de dicha Ley si no existe un proceso penal abierto en el cual esté siendo convocado como testigo o imputado en la acusación", precisó.
"Tampoco Contrainteligencia es un actor reconocido por la LPP para interactuar con un ciudadano si ese proceso legal se abriera, su funciones son otras. Asimismo no existe en la LPP algo llamado 'entrevista'", añadió.
La académica anunció que cuando tenga respuesta de la Fiscalía informará de nuevo, pero recalcó que es importante no seguir naturalizando la actitud de la Seguridad del Estado, que calificó de "aberración ilegal".
También confesó sentirse emocionada por las muestras de solidaridad y empatía recibidas tras hacerse pública su primera citación.
"Esa es la mejor evidencia de que nuestra sociedad civil se organiza y adquiere autonomía". señaló.
El martes pasado, la Seguridad del Estado citó para un interrogatorio a Alina López Hernández, a lo cual ella respondió que no iría.
"En Cuba se ha entronizado una lógica perversa que establece presiones sobre personas a las cuales no hay motivos para encausar y que son amenazados y coaccionados por motivos políticos. Yo no me prestaré a ello. (...) Si tienen modo de probar un delito en mi caso, háganlo. Yo no tengo nada que decirles, y tampoco nada de lo que quieran decirme lo aceptaré. Porque lo que ustedes quieren: que no ejerza mi libertad de pensamiento, expresión y reunión, es inaceptable para mí...", expresó entonces.
La profesora, quien también se desempeña como editora en la casa Ediciones Matanzas, fue una de las firmantes a mediados de octubre, de la carta donde más de un centenar de artistas e intelectuales respondieron al pronunciamiento de la oficialista Unión Nacional de Artistas y Escritores de Cuba (UNEAC) que niega la represión en el país tras protestas masivas.
En la declaración, los intelectuales denunciaron la crisis de la economía cubana, la pésima gestión del gobierno y las violaciones de los derechos humanos en Cuba.
En marzo, la historiadora firmó otra carta pública para exigir la excarcelación de los presos políticos del 11J.
El documento, titulado "Manifiesto contra el silencio, por la justicia", criticó que el Estado respondió a las protestas con "una violencia política y jurídica desproporcionada y metódica que rebasa con mucho los episodios puntuales y espontáneos de violencia cometidos durante el estallido por algunos ciudadanos".
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