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Las autoridades cubanas impidieron que al menos tres activistas fueran nominadas en sus circunscripciones como candidatos a delegados zonales.
María Elena Mir, en La Habana, Elsa Litsy Isaac en Palma Soriano, Santiago de Cuba, y Susleydis Pérez Velázquez, en Holguín, fueron privadas de su derecho constitucional a ser propuestas al cargo de delegadas, algunas de ellas incluso sufrieron cerco policial, según Martí Noticias.
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Mir, residente en Guanabo, denunció que la reunión de su zona no fue convocada con el tiempo reglamentado por la Ley Electoral y tampoco todos los residentes conocieron la fecha y hora del encuentro.
"La asamblea se hizo con 16 personas, porque no avisaron con tiempo ni a mí, ni a las personas más cercanas a mi vivienda. Con antelación, habíamos hecho un trabajo con la comunidad que, normalmente, debe asistir ahí y estábamos casi a un 69% ó 70% de que me propusieran como candidata”, dijo.
Las otras dos mujeres aseguraron que un oficial de la Seguridad del Estado se plantó frente a sus viviendas e impidió que estas asistieran a la reunión, otra violación de los derechos ciudadanos recogidos en la Carta Magna.
"Tengo entendido que los vecinos que se encontraban en la reunión ninguno querían nominarse y explicaron a la Seguridad, que se encontraba presente, y a los órganos que representan al partido y el gobierno que ningún delegado resuelve nada, que para qué ellos iban a proponerse entre ellos si, al final, el Gobierno no resolvía nada. Entonces los llamados “factores” obligaron a la presidenta del CDR a ser candidata ella, que no lo deseaba”, relató Isaac.
Ni la prensa independiente ni las entrevistadas mencionaron si en la reunión de nominación de delegados alguien las propuso y cómo se desarrolló la votación.
Este año el Consejo por la Transición Democrática en Cuba (CTDC) y el Frente Democrático de Concertación (D Frente) exigieron al gobierno que exista una representación plural en el proceso eleccionario, mostrando su apoyo a un grupo de candidatos que no son afines al partido comunista.
Algunas de las propuestas de estos cubanos, aspirantes a un cargo público, son la detención del empleo de materiales de la construcción en hoteles, resolver el problema de los apagones, eliminar las tiendas en divisas extranjeras y declarar una amnistía para los prisioneros políticos que hay en el país.
No es la primera vez que la oposición cubana intenta mostrar fuerza frente al sistema electoral vigente y algunos incluso llegaron a ser nominados a las elecciones de circunscripción.
Hildebrando Chaviano y Yuniel López participaron en el proceso en sus barrios de La Habana, pero en abril de 2015 mostraron su desacuerdo con que los encargados de elaborar las biografías (única referencia que tienen los votantes para conocer a sus candidatos) utilizaran términos como "grupúsculos contrarrevolucionarios".
Dos años después, Manuel Cuesta Morúa, líder del proyecto Otro 18, lamentó que ninguno de los 170 candidatos propuestos por la plataforma pasaran el filtro de la comisión encargada de elaborar los listados oficiales.
"Algunos fueron detenidos para no poder acudir a las asambleas de nominación donde se iban a postular, a otros las autoridades municipales no les avisaron del día de la asamblea para que no se presentaran, e incluso tampoco a sus vecinos más cercanos para que no se enteraran por otras vías", contó el disidente Cuesta Morúa.
La Constitución cubana, vigente desde 2019, establece en su artículo 80, que los ciudadanos tienen derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder del Estado.
Asimismo, la Ley Electoral, en su artículo 89.1. establece que los candidatos a delegados a las asambleas municipales del Poder Popular son nominados libremente en asambleas de los electores de la circunscripción de la que son residentes, convocados al efecto por la Comisión Electoral de Circunscripción.
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