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Activistas animalistas denunciaron que funcionarios del gobierno cubano los obligaron a desalojar un local que servía de refugio a una decena de animales en el municipio Güines, Mayabeque.
En declaraciones a CiberCuba la activista Yenney Caballero, quien recientemente hizo pública una denuncia por maltrato contra un caballo en San José de las Lajas, afirmó que una funcionaria llamada Yuleidys, directora del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) en ese territorio, "les dio a los jóvenes 24 horas para desalojar el lugar".
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"A un grupo de animalistas del municipio de Güines les desalojaron los animales del local que tenían, con la justificación de que tenían un proyecto financiado para crear otra cosa en el lugar. Todo fue mentira, el lugar está vacío, echándose a perder, estamos exigiendo que se lo devuelvan", explicó.
Dijo que los jóvenes actualmente atienden a varios animales en las calles, mientras que los perros desalojados del refugio debieron repartírselos entre ellos y llevarlos a sus casas.
Agregó que hace algún tiempo los activistas consiguieron que les prestaran el local mencionado, y "ellos lo limpiaron y pintaron, tenían 10 perros allí adultos, un día sin más explicación les informaron que tenían que sacar a los perritos, estuvieron un día entero en la calle con ellos, hasta (que) cada uno se llevó alguno para su hogar", precisó la animalista.
A pesar de las excusas de la funcionaria, Caballero asegura que el local está actualmente en desuso, "el lugar es ahora como un basurero", que con un poco de voluntad gubernamental podría convertirse en un lugar de acogida para decenas de animales en situación de calle.
La Política de Bienestar Animal entró en vigor en Cuba el 10 de julio del pasado año, pero activistas animalistas afirman que esta regulación poco o nada resuelve en favor de los animales, pues aplica sanciones muy tibias que no sobrepasan las multas de $3,000 pesos contra los maltratadores y muchas instituciones del Estado tampoco se comprometen con esta causa.
Caballero manifestó que la comunidad protectora de animales en la isla pide una modificación de esa política hacia una ley que contemple programas reeducativos y también sanciones fuertes para quienes atenten contra la seguridad de un animal.
Además, dijo que con el programa actual los grupos de activismo todavía carecen del suficiente apoyo gubernamental para atender a los animales en situación de vulnerabilidad.
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