El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció que el nuevo Código Penal de la isla “persigue el ejercicio cívico de cualquier derecho político".
La organización apuntó en un comunicado de este martes que la actual Ley cubana, que entró en vigor este 1ro de diciembre, “eleva a 24 los delitos sancionables con la pena de muerte, cuatro más que en la normativa de 1987”.
“La pena de muerte toma fuerza en Cuba. Tras la aprobación del nuevo Código Penal, ascendieron a 24 los delitos sancionables con la pena capital. De esta manera, el Estado cubano marcha contrario a la tendencia internacional de abolir la pena de muerte, e intenta usar la nueva norma para amenazar, incluso con la muerte, a quienes intenten cambiar la situación de represión y miseria”, argumenta el director de Estrategia del OCDH, Yaxys Cires.
La nota destaca que el artículo 120.1 del actual Código Penal sanciona con cárcel, de cuatro a diez años, a quien “ejercite arbitrariamente cualquier derecho o libertad reconocido en la Constitución de la República”.
También, apuntan, que se criminaliza y establece una condena de hasta diez años de prisión contra las actividades de cooperación internacional o de asistencia financiera a proyectos de la sociedad civil independiente.
Esta medida, argumenta la organización, además de ir en contra de un derecho reconocido por la ONU a la sociedad civil, es un obstáculo para la asistencia al empobrecido pueblo cubano.
Asimismo, la nota recuerda que en noviembre último se registraron al menos 352 acciones represivas en Cuba, de las cuales 121 terminaron con algún tipo de detención arbitraria y 231, otros abusos, como sitios a viviendas (88), abusos contra presos políticos (36), citaciones policiales, multas, cortes de internet y telefonía, juicios, amenazas, exilio forzado o impedimento de salir del país.
Cires considera, además, que en Cuba cada mes se repite el mismo esquema represivo, aunque ahora el régimen cubano cuenta con una nueva herramienta para violar todavía más los derechos fundamentales de los ciudadanos.
“Exigimos a los gobiernos democráticos, la Unión Europea y a los organismos internacionales que repudien la decisión de La Habana de incrementar los delitos sancionados con la pena de muerte y el resto de arbitrariedades presentes en el nuevo Código Penal”, concluye Cires.
La Ley 151/2022, Código Penal cubano, entró en vigor desde inicios de este mes con todo el mecanismo jurídico para continuar la represión contra los ciudadanos.
El documento se aprobó en mayo, durante una sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, e incluyó 37 nuevos delitos, como el de desórdenes públicos.
"Nada quiere el gobierno que escape de su supervisión. Nada han dejado sin regular y criminalizar", advirtió la organización independiente Cubalex, una de las plataformas de la sociedad civil que ha denunciado reiteradamente esta nueva ley.
Según esta organización, el actual Código Penal constituye una preocupación para todos los ciudadanos, porque tipifica conductas penales, ambiguas, amplias y discrecionales; hay alrededor de 32 delitos que amenazan la libertad de expresión; pone al uso del ciberespacio como agravante de la responsabilidad penal; define al periodismo independiente como delito; mantiene la pena de muerte; establece el uso de medidas de seguridad terapéuticas; fija la responsabilidad penal a partir de los 16 años y no reconoce el feminicidio.
"¿Para qué necesita las leyes un Estado que no se rige por las leyes sino por la violencia? primero como escudo internacional y segundo como declaración", recién argumentó el activista y jurista cubano, Fernando Almeyda.
Tras la entrada en vigor de la Ley, Amnistía Internacional pronosticó un "panorama aterrador" a partir de 2023, por el incremento de la represión contra activistas, opositores y periodistas independientes.
Erika Guevara Rosas, directora de esa organización para la región de las Américas, recordó que desde hace años las autoridades cubanas usan la legislación penal para silenciar las voces disidentes.
"El nuevo Código Penal contiene un conjunto de disposiciones aterradoras que confieren a las autoridades facultades aún mayores para seguir sofocando la libertad de expresión y de reunión en 2023 y años posteriores”, advirtió.
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