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Renuncia bajo acusación de fraude legislador de Florida autor de ley "No digas gay"

Joseph Harding ha sido acusado de fraude electrónico, lavado de dinero y declaraciones falsas, según la Fiscalía del Distrito Norte de Florida.

El excongresista republicano de Florida, Joseph Harding © Captura de video / clickorlando.com
El excongresista republicano de Florida, Joseph Harding Foto © Captura de video / clickorlando.com

Este artículo es de hace 1 año

Joseph Harding, el congresista republicano de Florida autor de la polémica ley conocida como ‘Don’t say gay’ (No digas gay), renunció a su escaño en la Cámara de Representantes del estado, tras acusaciones de fraude y otros cargos contra su persona.

“Ahora es el momento de permitir que alguien más preste servicios a mi distrito", dijo en un comunicado el representante por el distrito 24, argumentando que la decisión le permitirá "concentrarse" en el juicio en su contra, programado para el 11 de enero de 2023.

Harding ha sido acusado de fraude electrónico, lavado de dinero y declaraciones falsas. Luego de representar un área de dos condados en la parte norte-central del estado, incluyendo la ciudad de Ocala, el republicano renunció este jueves a su escaño a través de una carta enviada al presidente de la Cámara, Paul Renner.

El joven congresista (35 años), fue el autor de la polémica ley que prohíbe a los maestros hablar de orientación sexual e identidad de género en las aulas de primaria, promulgada a finales de marzo por el gobernador Ron DeSantis.

"Continuaremos reconociendo que, en el Estado de Florida, los padres tienen un rol fundamental en la educación, la salud y el bienestar de sus hijos. No nos moveremos de ahí. No me importa qué digan los medios de comunicación, no me importa qué diga Hollywood, no me importa qué digan las grandes corporaciones. Aquí me posiciono, no voy a retroceder", aseguró entonces DeSantis.

Oriundo de la ciudad de Williston, ubicada en el condado floridano de Levy, Harding ha sido acusado de fraude electrónico, lavado de dinero y declaraciones falsas. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, de ser encontrado culpable de estos cargos, podría enfrentar más de 30 años de cárcel.

Según el canal de noticias Univisión, ahora el gobernador estatal deberá convocar una elección especial para reemplazar a Harding. Por su parte, la Fiscalía del Distrito Norte de Florida dijo en un comunicado que Harding "obtuvo e intentó obtener de manera fraudulenta" más de 150,000 dólares en fondos destinados a las pequeñas y medianas empresas "a los que no tenía derecho".

La acusación formal alega que, entre el 1 de diciembre de 2020 y el 1 de marzo de 2021, Harding "cometió dos actos de fraude electrónico" al participar en un esquema para obtener préstamos para pequeñas empresas relacionados con el coronavirus "mediante representaciones y promesas falsas y fraudulentas".

En concreto, se trata de "solicitudes falsas y fraudulentas" al programa federal de Préstamos por Daños Económicos por Desastre (EIDL), activado durante la pandemia para aliviar los daños a las pequeñas y medianas empresas.

Además, Harding está acusado de dos cargos por participar en "transacciones monetarias con fondos derivados de actividades ilegales relacionadas con su transferencia de los ingresos de EIDL obtenidos de manera fraudulenta a dos cuentas bancarias", así como de dos cargos por hacer declaraciones falsas a la Administración de Pequeñas Empresas (SBA).

El juicio está programado para el próximo 11 de enero en un tribunal de Gainesville (norte de Florida) ante el juez federal de distrito Allen Winsor.

La legislación presentada por Harding, denominada oficialmente “Derechos de los padres en la educación” ha sido tildada por juristas y activistas como muestra del talante conservador del gobernador republicano y parte de su exitosa campaña de reelección.

A finales de julio, tres organizaciones no gubernamentales y una firma de abogados, representando a varias familias norteamericanas, impugnaron ante la justicia la polémica ley que impide que los maestros aborden la identidad de género y la orientación sexual en jardines de infancia y los dos primeros cursos de primaria, además de facultar a los padres para presentar demandas judiciales contra el distrito escolar y recibir una indemnización por daños y perjuicios, si consideran que han ocurrido infracciones.

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