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Cubalex reportó más de 200 actos represivos de la Seguridad del Estado en noviembre último, según último informe difundido por la organización independiente que monitorea, reporta y denuncia violaciones de derechos humanos en la isla.
El análisis refiere que en noviembre “se acentuó la crítica situación de los derechos humanos en Cuba” y que fue un período marcado por las negociaciones bilaterales Cuba-Estados Unidos, las elecciones municipales y el hundimiento de una embarcación con migrantes en el municipio Bahía Honda, en la provincia de Artemisa.
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También la organización subraya que “la sostenida represión estatal y la incapacidad de las autoridades para satisfacer necesidades sociales básicas como el suministro de energía eléctrica, medicinas y alimentos, continúan siendo los principales obstáculos para que la ciudadanía cubana pueda acceder a una vida digna”.
Asimismo, apuntan que registraron incidentes represivos en 13 provincias y 38 municipios del país, siendo La Habana, Matanzas y Santiago de Cuba los territorios con mayor cantidad de víctimas a nivel nacional.
Cubalex en el monitoreo diario que realiza de la situación de derechos humanos en Cuba recopiló 202 eventos represivos ocurridos en noviembre último.
De ese total, el 77.72% fueron incidentes de represión, y el 22.28% restante fueron noticias del contexto, hechos que influyeron en la situación de los derechos humanos en Cuba.
El informe denuncia que los agentes del Estado utilizaron la ley como medio principal para reprimir e inhibir el ejercicio de los derechos fundamentales de la ciudadanía.
Del total de incidentes de represión identificados, el 52.36% constituyen diligencias de investigación no vinculadas a procesos penales. En estos casos no se cumplieron con las formalidades legales establecidas.
Además, añaden que las prácticas aplicadas por los agentes del Estado, aunque en su mayoría son selectivas e individualizadas, involucran a familias enteras.
En el informe Cubalex señala que el uso del derecho penal como instrumento de represión y criminalización de derechos fundamentales, principalmente contra personas defensoras de derechos humanos, fue la medida más utilizada durante este mes de 2022.
“Se mantuvo el uso de prácticas que constituyen graves violaciones de derechos humanos y que son susceptibles de considerarse técnicas de tortura, un delito de carácter nacional e internacional”, sostiene, además, la organización que también da servicio directo y confidencial de asistencia y asesoría legal gratuita a las personas en la Isla.
La organización refiere que entre septiembre y noviembre las autoridades emplearon las leyes, en particular la Ley del Proceso Penal, para provocar efecto ejemplarizante e inhibitorio en la sociedad y controlar el disenso social mediante la restricción del ejercicio de los derechos fundamentales.
Entre los incidentes relacionados con procesos penales, los más comunes fueron: citaciones oficiales ilegales o arbitrarias, violencia o acoso en el espacio físico o en el digital y operativos de vigilancia o seguimiento.
Ninguna de estas medidas es controlada por un juez o un tribunal, por tanto, son utilizadas discrecionalmente y de forma arbitraria contra la ciudadanía, sostiene el informe.
La privación de libertad, a corto o largo término, sigue siendo la principal y más severa forma de castigo por ejercer los derechos fundamentales, ya que el 27.48% de los incidentes identificados en noviembre implicaron alguna forma de privación temporal de libertad, y un 18% estuvo relacionado con actos en los que los agentes del Estado emplearon técnicas de tortura.
Las amenazas e interrogatorios generalmente ocurren durante una privación de libertad de corta duración en una detención arbitraria o retención en instalaciones policiales.
Las confesiones obtenidas en los interrogatorios, utilizando amenazas y otras técnicas de tortura, son utilizadas para exponer a las víctimas en la televisión nacional y justificar la represión desmedida, como sucedió con los sobrevivientes del hundimiento de la lancha en el municipio Bahía Honda, Artemisa, el 28 de octubre, quienes fueron obligados bajo coacción a cambiar sus testimonios.
La organización recalca en su informe su preocupación por la situación de las personas privadas de libertad, ya que continúan las denuncias relativas a la negación de asistencia médica, deficiente alimentación y condiciones de vida de los reclusos, en especial los que padecen enfermedades crónicas.
En este sentido, Cubalex destaca con preocupación las denuncias de familiares de presos políticos relacionadas con el deterioro físico y mental producto de las torturas a las que son sometidos, principalmente incomunicación en régimen de aislamiento y golpizas.
“Continuamos monitoreando el cumplimiento de las recomendaciones que hiciera el Comité Contra la Tortura al Estado cubano en mayo de 2022 por la ausencia de salvaguardias procesales en la legislación cubana y la discriminación de las personas privadas de libertad por motivos políticos”, concluye la organización.
A principios de diciembre, la organización jurídica informó sobre 26 actos de represión durante las elecciones municipales a finales de noviembre, la mayoría de ellas en La Habana y Matanzas.
En al menos siete provincias, incluido el municipio especial Isla de la Juventud, las autoridades cubanas obstaculizaron la participación política, realizaron detenciones arbitrarias, operativos de vigilancia y cortes selectivos de internet.
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