Un grupo bipartidista de cinco senadores de Estados Unidos presentó este lunes un proyecto de ley que busca levantar el embargo comercial a Cuba, sin eliminar sanciones basadas en abusos de derechos humanos y en las confiscaciones históricas a propiedades estadounidenses en la isla.
La propuesta se titula Ley de Libertad para Exportar a Cuba (Freedom to Export to Cuba Act) y retoma una iniciativa ya presentada en 2021 (S-1694) que no avanzó en el pleno del Senado.
La legislación está impulsada por las senadoras Amy Klobuchar (Minnesota) y Elizabeth Warren (Massachusetts), ambas precandidatas por el Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos en 2020, Chris Murphy (D- Connecticut), y los republicanos por Kansas Jerry Moran y Roger Marshall. En los próximos días deben sumarse más patrocinadores al proyecto,
El texto de la propuesta considera “eliminar las barreras legales que impiden a los estadounidenses hacer negocios en Cuba, crear nuevas oportunidades económicas a las exportaciones estadounidenses y permitir a los cubanos un mayor acceso a los productos estadounidenses”, según el comunicado emitido por los legisladores.
"Llevo mucho tiempo presionando para reformar nuestra relación con Cuba, que durante décadas ha estado definida por conflictos del pasado en lugar de mirar hacia el futuro", dijo Klobuchar en la declaración conjunta. "Al poner fin al embargo comercial con Cuba de una vez por todas, nuestra legislación bipartidista pasará página a la fracasada política de aislamiento, al tiempo que creará un nuevo mercado de exportación y generará oportunidades económicas para las empresas estadounidenses".
Moran, un veterano político que ha gestado numerosas propuestas para flexibilizar el comercio y los viajes a Cuba durante años, consideró que el embargo es una poderosa limitación para los intereses de su estado.
“El embargo comercial unilateral a Cuba bloquea a nuestros propios agricultores, ganaderos y fabricantes de vender en un mercado a sólo 90 millas, mientras que los competidores extranjeros se benefician a nuestra costa", dijo Moran. "Es hora de modificar nuestras propias leyes para dar a los productores estadounidenses un acceso justo al mercado a los consumidores en Cuba".
La propuesta legislativa tiene lugar en un particular momento de las relaciones bilaterales, marcado por tímidos avances de la administración de Joe Biden para reactivar vínculos diplomáticos con el régimen cubano y flexibilizar ciertas restricciones impuestas durante la era Trump.
Sin embargo, el panorama no parece suficientemente despejado para dar pasos significativos por parte de Washington, mientras el gobierno cubano no cede en materia de derechos humanos y refuerza su retórica antiamericana en alianza con Rusia, Venezuela y Nicaragua.
Luego de fluidos contactos y reuniones de ambas partes desde mediados del pasado año, afloran indicios de que Washington podría aflojar las clavijas y retirar a Cuba de la lista de naciones patrocinadoras del terrorismo, lo cual se derivará en beneficios financieros internacionales para las entidades cubanas.
A cambio, el gobierno cubano pudiera liberar numerosos presos políticos y permitirles la salida del país, entre ellos decenas de ciudadanos condenados por participar en las protestas masivas del 11 de julio de 2021. La gestión cuenta con la impronta de la Iglesia Católica y del Papa Francisco, como ocurrió en vísperas con el deshielo impulsado por Barack Obama.
Unas recientes declaraciones de Carlos Fernández de Cossío, vicecanciller y director general de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, han retornado a la mesa el tradicional clima de confrontación.
“Lo que es importante es que nosotros, como pueblo, no incurramos en la ingenuidad de creer que es un cambio en la política de Estados Unidos hacia Cuba", expresó Fernández de Cossío en el espacio televisivo Mesa Redonda la pasada semana.
De cualquier manera, la propuesta legislativa en el Senado tiene aún largo trecho por recorrer y sus probabilidades son inciertas en medio de un escenario político profundamente dividido y polarizado.
El proyecto debe pasar primero el Comité de Relaciones Exteriores del Senado (SFRC), que preside el cubanoamericano Bob Menéndez, un firme opositor a otorgar beneficios al gobierno cubano. Pero en caso de obtener el visto bueno del SFRC, los promotores deben asegurarse de que podrían alcanzar 60 votos para someterlo a votación del plenario, algo que es actualmente una incógnita de difícil pronóstico.
Un punto a favor de los promotores de la movida legislativa es que las compras de alimentos y productos agrícolas de Cuba a compañías de Estados Unidos sumaron $328.5 millones de dólares durante el pasado año, lo que marcó el mayor aumento de las operaciones comerciales entre ambos países en la última década a pesar de las restricciones financieras vigentes.
Todas las transacciones comerciales de Cuba en Estados Unidos está obligada a realizarlas con pagos en efectivo por adelantado, debido a los reglamentos impuestos por el Departamento del Tesoro.
El aumento de las operaciones comerciales cubanas representó el máximo repunte desde 2013, cuando la empresa estatal Alimport pagó $348.7 millones para adquirir productos agrícolas de firmas estadounidenses.
El interés de los estados agrícolas por el mercado cubano no ha cesado en fechas recientes.
El pasado noviembre, una delegación bipartidista de congresistas integrantes del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes visitó Cuba para evaluar las posibles áreas de beneficio económico mutuo.
A finales de enero, funcionarios de alto nivel del estado de Delaware viajaron a La Habana en busca de negocios vinculados al sector agrícola.
Cuba ocupa el lugar 55 entre los países con mayores importaciones de Estados Unidos. Desde que el Congreso dio luz verde para las ventas de alimentos a Cuba, en 2000, el monto total de las transacciones realizadas es de $6,903 millones de dólares.
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