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El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó este lunes sus "Informes de países sobre prácticas de derechos humanos de 2022". y subrayó la impunidad absoluta de las autoridades cubanas en su ejercicio sistemático de la represión de la disidencia y el activismo en Cuba.
“Cuba es un estado autoritario”, comienza estableciendo el documento en su resumen ejecutivo. “La constitución de 2019 codifica que Cuba sigue siendo un sistema de partido único en el que el Partido Comunista es el único partido político legal”.
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La llegada al poder de Miguel Díaz-Canel, designado por el dictador Raúl Castro, no fue legítima, sostuvo el Departamento de Estado. Las elecciones que sirvieron de mascarada para el traspaso de poder, “no fueron libres, justas ni competitivas”.
Tras describir el organigrama y funciones de las instituciones represoras del régimen, el informe los hizo responsables -junto al resto de la dirigencia del país- de las sistemáticas violaciones de los derechos humanos de los cubanos.
“Ejecuciones ilícitas o arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales, por parte del gobierno; torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes a disidentes políticos, detenidos y presos por parte de las fuerzas de seguridad”, forman parte del catálogo de violaciones.
A ellas se suman “arrestos y detenciones arbitrarias; prisioneros políticos; represión transnacional contra individuos en otro país; serios problemas con la independencia del poder judicial; e injerencia arbitraria o ilegal en la privacidad”.
El Departamento de Estado también hizo responsable al régimen de La Habana de “restricciones graves a la libertad de expresión y de los medios de comunicación, incluida la violencia o las amenazas de violencia contra los periodistas, la censura, los arrestos o enjuiciamientos injustificados de los periodistas y la aplicación o amenaza de aplicación de leyes penales contra la difamación para limitar la expresión”
La censura en Internet, la “interferencia sustancial con el derecho de reunión pacífica y la libertad de asociación, incluidas leyes demasiado restrictivas sobre la organización, financiación o funcionamiento de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil” también fueron denunciadas en el informe.
El disparo efectuado el 15 de febrero de 2022 por un policía contra Roldy Polo Pérez y el asesinato en julio del adolescente afrocubano Zinadine Zidan Batista en el barrio de Condado Sur, Villa Clara, fueron recogidos por el documento en su primera sección, “Respeto a la integridad de la persona”, como ejemplos de privación arbitraria de la vida.
Asimismo, incluyeron en este apartado el hundimiento por parte de los guardacostas del régimen de la embarcación que transportaba migrantes en Bahía Honda, a consecuencia del cual murieron siete personas incluida una menor de edad.
En la sección dedicada al “respeto a las libertades civiles”, el Informe puso el foco en las leyes que criminalizan aspectos de la libertad de expresión, como el Decreto 349, que faculta al Ministerio de Cultura para regular toda actividad artística y cultural.
“El 24 de junio un tribunal condenó al artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara, quien había protestado contra leyes restrictivas como el Decreto 349, a cinco años de prisión por los delitos de ‘atentado contra los símbolos patrios’, desacato y desorden público. Los cargos datan principalmente de una serie artística de 2019 en la que Otero Alcántara se tomó fotografías de sí mismo envuelto en la bandera cubana”, reflejó el documento.
De igual forma, incluyeron la violencia y hostigamiento desatados contra periodistas independientes a los que se amenaza con la cárcel o el exilio forzado, como sucedió con 20 reporteros, fotógrafos e ilustradores de elToque.
En su detallada relación de violaciones de los derechos humanos en Cuba, el Departamento de Estado reflejó el caso de Yoandi Montiel (El Gato de Cuba), quien fue condenado el 7 de abril a dos años de prisión por desacato a la autoridad debido a sus críticas a las autoridades y a Díaz-Canel en Facebook.
Los cubanos son privados del derecho a la libertad de asociación, padecen restricciones a la libertad académica, religiosa y de eventos culturales. Tampoco gozan de libertad de reunión pacífica (las Damas de Blanco son un ejemplo que cita el Informe), o de libertad de circulación y derecho a salir del país.
La figura de los “regulados” (personas a las que no se autoriza entrar o salir del país) o el empleo de los “destierros forzosos” contra activistas (caso de los reporteros independientes Esteban Rodríguez y Héctor Valdés Cocho) también fueron denunciados.
En el caso de la libertad para participar en el proceso político, el informe desmontó la versión edulcorada que ofrece el régimen cubano sobre sus procesos de participación política y sentenció que en Cuba “las elecciones no son ni libres ni justas”.
“La Constitución consagra el gobierno de partido único del PCC. No se permite la expresión política fuera del Partido Comunista. Los ciudadanos no pueden formar partidos políticos ni postularse como candidatos de partidos políticos que no sean el PCC. Los candidatos para cargos deben ser nominados por una ‘organización de masas’ del PCC y aprobados por los funcionarios locales del partido”, señaló el Departamento de Estado.
Resaltando los casos de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), el rapero Maykel Osorbo, ganador de dos premios Grammy por Patria y Vida, y del joven Luis Robles, manifestante pacífico condenado a cinco años de prisión –entre otros–, el informe llegó a la conclusión de que el régimen cubano utiliza la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como otros abusos relacionados contra los que se le oponen.
“La impunidad [del régimen] es generalizada. No se conocen casos de enjuiciamiento de funcionarios gubernamentales por abusos contra los derechos humanos”, concluyeron los funcionarios del Departamento de Estado.
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