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Las elecciones del 26 de marzo correspondientes a la X Legislatura de la Asamblea Nacional han sido las más irregulares de su historia desde que estas se iniciaron en 1976.
En primer lugar, normalizaron las anomalías de forma, violatorias de la Ley Electoral 127, que se han observado en los últimos procesos electorales: No publicación de los padrones electorales con el tiempo de antelación requerido, colegios electorales en los que aquellos no fueron colocados a la vista de los electores, o colegios electorales en los que votaban personas no inscritas.
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En algunos casos, eliminación de electores que gozan de todos sus derechos civiles y políticos, incluido el requisito, contradictorio con la Ley y la Constitución, de residencia efectiva para otorgar el derecho al voto a ciudadanos cubanos que poseen residencia en el país, legalmente reconocida.
En segundo lugar, se asumió como normal la práctica excepcional de llevar las boletas a las casas de los electores, una forma de coacción del voto a través de un procedimiento concebido para las personas con discapacidad o que por circunstancias específicas no pueden acudir a los centros de votación. Médicos y pacientes reportan, así mismo, que hubo coacción por el voto en los hospitales.
En esta dirección, se reportan lugares donde se confeccionaron listas previas de compromiso con el voto, centros laborales a los que se les prohibió abrir en sus horarios normales o se les indicó que solo podrían comenzar a prestar sus servicios una vez finalizada la jornada electoral.
La práctica de coacción inocente y vicaria del voto utilizando a los niños en la llamada operación Tun Tun se agrega a este tipo de irregularidades, también ilegal, para intentar garantizar la mayor participación de la ciudadanía.
En tercer lugar, se introdujo una práctica en contradicción con la naturaleza cívica del voto, en el que el acto de votar surge del compromiso social de los electores con el sistema político, no de las promesas de beneficios materiales.
El concurso electoral a través de las redes sociales, premiable con computadoras, teléfonos móviles o vacaciones pagadas se agrega a la realización de ferias de ventas de mercancías a precios irreales y extra mercado para la incitación instantánea del voto, una práctica política que atenta contra los valores cívicos y de ciudadanía.
En cuarto lugar, sin agotar aquí el mar de irregularidades, se desató una represión contra activistas y observadores que pretendían monitorear el proceso electoral y participar del escrutinio, tal y como autoriza y respalda la Ley y, en congruencia con el llamado hecho por Alina Balseiro, presidenta del Consejo Electoral Nacional, para que todos los ciudadanos acompañaran el conteo de los votos. En muchos colegios electorales se le negó la entrada a cualquier ciudadano, y muchos de ellos, también activistas, fueron detenidos, sus casas sitiadas, amenazados con fuertes represalias y hasta golpeados por el ejercicio de sus derechos constitucionales.
Este ejercicio de escrutinio ciudadano e independiente es cada vez más necesario, al menos desde 2013, en el que el voto ciudadano empieza a ser cada vez más plural, representándose en toda la gama técnicamente posible del comportamiento electoral de la ciudadanía. Negar esta posibilidad, como acaba de ocurrir en la jornada del 26 de marzo, arroja serias dudas sobre los resultados que se ofrecieron a lo largo de la votación y que no parecen corresponderse con la rigurosa observación independiente, con los testimonios espontáneos de la ciudadanía y con la profusión de imágenes, índices todos en la dirección de mostrar la baja participación ciudadana en la votación a lo largo del país.
Extender la votación por una hora más, sin razones de fuerza mayor como establece la Ley Electoral, agrega una cifra de votantes extra legales, que agrega más dudas al escrutinio cerrado de la jornada electoral. Ello abona la sensación ciudadana, que comienza a aflorar, de que las cifras oficiales de participación no concuerdan con el comportamiento real del electorado.
Como observadores independientes, con experiencia acumulada en la observación de los sistemas electorales -dentro y fuera de Cuba- consideramos, preliminarmente, que las autoridades electorales no han respetado los marcos y procedimientos establecidos por la Ley 127, al país y a la auténtica voluntad de las y los electores.
Firmado: Marthadela Tamayo González, Observadores de Derechos Electorales.
Zelandia de la Caridad Pérez Abreu, Comisión Cubana de Defensa Electoral.
María Mercedes Benítez Rodríguez, Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales.
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