España negó la nacionalidad a los cubanos afectados por el Tratado de París de 1898, el cual elimina este beneficio a los nacionales que se quedaron en Cuba tras el acuerdo para declarar su independencia el 1 de enero de 1899.
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel Albares, denegó una petición formulada por el ciudadano cubanoamericano Maikel Arista-Salado, para eliminar, con carácter retroactivo, el Artículo IX del Tratado de París, informó el diario El Debate.
Ese acuerdo fue firmado en 1898 entre España y Estados Unidos y puso fin a la guerra hispano-cubana-estadounidense. Con el Tratado la nación europea renunció a Cuba y Filipinas y cedió Puerto Rico y otras posesiones ultramarinas a Estados Unidos.
Sin embargo, a través del Artículo IX quedaron sin nacionalidad española los ciudadanos que decidieron permanecer en la isla caribeña, lo cual ha perjudicado a miles de descendientes que desean recuperar sus derechos.
Arista-Salado argumentó en una demanda presentada en octubre del pasado año "que la desnaturalización masiva y forzosa fue un acto inconstitucional, nulo e inválido, porque el Estado español carecía entonces, como carece hoy, de la capacidad jurídica necesaria para retirar la ciudadanía española a sus propios nacionales, mucho menos traficarla en un tratado con otro Estado".
En esa cuerda refirió que "al ser un acto nulo, no ha afectado a la transmisión ius sanguini [derecho de sangre] del derecho natural, fundamental y personalísimo de nuestros mayores a sus descendientes, que hoy, en virtud de la presente, se pide al Estado español que reconozca en su Derecho positivo, y ponga fin a un siglo de deuda y olvido".
Sin embargo, Albares en su respuesta defendió la vigencia del Artículo IX del Tratado de París.
Señaló que Arista-Salado se extralimita en su uso del derecho de petición y asegura que la Convención de Viena, que rige las relaciones diplomáticas entre Estados, solo contempla la denuncia de un tratado, o de uno de sus artículos, en caso de que las partes así lo hubieran acordado al firmarlo.
En el caso del Tratado de París, España y Estados Unidos solo dejaron la posibilidad de denuncia al contenido del Artículo XV, explicó.
Arista-Salado consideró al escuchar la decisión del ministro que el Gobierno no ha analizado el fondo de la cuestión.
"Yo no estoy pidiendo una opinión acerca de la conveniencia, o no. Digo que hay que denunciarlo porque vulnera derechos fundamentales. El Gobierno se pasa por el forro esa consideración", subrayó.
En su opinión el hecho de que España diga que no se puede denunciar porque ni el Tratado ni la Convención de Viena proveen soluciones para la denuncia "es falso, porque el punto fundamental, el Artículo 9, es nulo, inválido e ilegal porque contraviene la Constitución. El Gobierno elude la cuestión por formalismo", apuntó.
Miles de cubanos no han podido optar por la nacionalidad española, a pesar de la reciente firma de la Ley de Nietos, porque sus ancestros dejaron de ser considerados españoles por haberse quedado en Cuba tras el fin de la guerra hispano-cubana-estadounidense.
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