Cuatro residentes de Miami están acusados por intentar defraudar al gobierno federal en más de 250,000 dólares, según autoridades locales.
Un gran jurado federal acusó a Maylin Salado García, de 34 años; Niubis García, de 52 años; Oscar Enrique Pujadas, de 32 años, y Sirce Rodríguez Rosales, de 38 años, quienes residen en Miami, por su presunta participación en un esquema de fraude electrónico para defraudar al gobierno federal en más de 250,000 dólares de los fondos destinados a programas de desarrollo de la fuerza laboral, apunta un comunicado de este lunes de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida.
Los cargos incluyen, además, conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para cometer robo de fondos del gobierno, robo de fondos del gobierno, robo relacionado con programas que reciben fondos federales y robo de identidad con agravantes, añade la nota oficial.
También la Fiscalía explica que los implicados en este caso presuntamente ejecutaron un plan para enriquecerse mediante el reembolso de dinero de programas financiados con fondos federales, cuantías federales que eran reintegradas a cuentas bancarias personales y corporativas para uso personal.
Asimismo, los acusados crearon expedientes de empleados y registros de salarios falsos y fraudulentos para demostrar que tenían personas empleadas en sus empresas.
Los documentos judiciales detallan que Salado García trabajó en Transition, Inc, una corporación sin ánimo de lucro ubicada en el condado de Miami-Dade y que recibía subvenciones federales a través del estado de Florida para proporcionar formación laboral y servicios de colocación en la comunidad.
La información apunta que Transition trabajó con el Programa de Reingreso Boot Camp, del Departamento de Correccionales y Rehabilitación del Condado de Miami-Dade (MDCR), financiado con fondos federales para proporcionar educación y capacitación a reclusos en transición fuera de prisión.
Entre abril de 2017 y febrero de 2019, mientras estaba empleado en Transition, Salado García supuestamente creó archivos de participantes y registros de salarios falsos para obtener fondos federales para trabajos que nunca se realizaron y pagos de salarios a algunos empleados reales mucho más bajos que los registrados en sus archivos.
También la Fiscalía alega que Salado García declaró sus empleados trabajaban en supuestas empresas propiedad de sus cómplices: su madre, Niubis García, y su pareja, Pujadas.
Además, Salado García introdujo información falsa sobre las nóminas en el procesador de nóminas de Transition, incluidas cuentas bancarias de su propiedad y de su cómplice, Rosales, para recibir pagos por depósito directo de los programas financiados con fondos federales que estaban destinados a los supuestos empleados. Además, Rosales proporcionó a Salado García IP robadas.
Según la nota de la Fiscalía Federal, Salado García, Niubis García y Rosales comparecieron en la última semana ante el juez de instrucción Otazo-Reyes.
De ser declarados culpables, Salado García se enfrenta a una pena máxima de hasta 87 meses, además de 24 meses consecutivos en prisión; Niubis García podría recibir una pena máxima de hasta 51 meses detenida, y Rosales una pena máxima de hasta 57 meses de cárcel.
Los cargos contra los detenidos fueron anunciados por el fiscal Markenzy Lapointe, del Distrito Sur de Florida, y el agente especial Mathew Broadhurst, de la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo de EE.UU. (DOL-OIG), región sudeste.
DOL-OIG investigó el caso, con la ayuda de la Oficina del Inspector General del condado de Miami-Dade. El fiscal federal adjunto Yisel Valdés lleva el caso y la fiscal adjunta Annika Miranda se encarga de la confiscación de bienes.
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