Convocan a sesión extraordinaria de Asamblea Nacional para analizar la situación económica en el país

Esta sesión del parlamento cubano también discutirá la polémica Ley de Comunicación Social, dirigida a controlar los contenidos de la prensa en el país.

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Este artículo es de hace 1 año

El Consejo de Estado convocó a sesión extraordinaria de Asamblea Nacional del Poder Popular para analizar entre otros temas la situación económica en el país el próximo 25 de mayo, informó el sitio oficialista Cubadebate

“El Consejo de Estado, conforme a lo establecido en la Constitución de la República en el Artículo 122, inciso d), acordó disponer la celebración de la Segunda Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su X Legislatura, para el día 25 de mayo de 2023 a las 9:00 a.m., en el Palacio de las Convenciones”, se lee en la comunicación oficial.


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Entre los temas a tratar figuran, además de la “actualización sobre la situación económica del país”, el proyecto de ley de Comunicación Social, la propuesta del cronograma legislativo de la X Legislatura y la constitución de las comisiones permanentes de trabajo y de los Grupos Parlamentarios de Amistad de la Asamblea.

La sesión extraordinaria del parlamento cubano tiene lugar en el contexto de la profunda crisis económica que vive el país y cuando aún están frescas las noticias de la masiva protesta antigubernamental del pasado sábado en Caimanera, Guantánamo, brutalmente reprimida por las fuerzas represivas del régimen.

Precisamente este lunes, el gobierno de Miguel Díaz-Canel reconoció la crisis que precariza los servicios de salud pública en Cuba y alegó carencia de ingresos en divisas para solucionarla.

Así quedó patente el lunes en el Palacio de la Revolución durante el balance del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) correspondiente al año 2022, un encuentro al que asistió el primer ministro Manuel Marrero Cruz, el viceprimer ministro José Luis Perdomo y el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda.

Esta sesión también discutirá la polémica Ley de Comunicación Social, dirigida a controlar los contenidos de la prensa en el país.

El borrador de este documento solo reconoce la propiedad estatal sobre los medios de comunicación y que estos no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad, y recalca que su objetivo es “fomentar el consenso y la unidad nacional en torno a la Patria, la Revolución y el Partido Comunista”.

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