A punto de cumplirse el segundo aniversario de las históricas y masivas protestas del 11 de julio (11J) en Cuba, activistas y legisladores de Estados Unidos se reunirán para abordar “las acciones represivas y torturas desatadas contra los valientes manifestantes cubanos”.
Así lo anunció el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Michael McCaul, quien precisó que este aniversario servirá para analizar “la difícil situación” en la que se encuentran los prisioneros políticos del régimen cubano.
El encuentro, que se celebrará el 10 de julio en el Museo de la Brigada de Asalto 2506, en Miami, está planteado como un conversatorio entre legisladores demócratas y republicanos con activistas y disidentes cubanos.
Los panelistas analizarán el injusto encarcelamiento del rapero Maykel Osorbo y del líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer. Según Martí Noticias, también se abordará la situación de los menores de edad y líderes religiosos encarcelados por haber participado en las protestas del 11J.
McCaul y sus compañeros de filas María Elvira Salazar, Brian Mast, Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez participarán en el evento junto a los demócratas Debbie Wasserman Schultz y Jared Moskowitz.
Activistas de los derechos humanos, disidentes desterrados por el régimen y opositores cubanos conversarán con los legisladores sobre la situación de los derechos humanos en Cuba y los en más de 1,000 presos políticos, que cifran diversas organizaciones no gubernamentales.
Por la parte cubana estarán los activistas Rosa María Payá, líder de la plataforma Cuba Decide y Orlando Gutiérrez-Boronat, del Directorio Democrático Cubano. Después del conversatorio, los participantes ofrecerán una conferencia de prensa.
En marzo, la ONG Prisoners Defenders (PD) cifró en 1,066 el número de presos políticos verificados en Cuba, una cantidad que incluía a 11 nuevos prisioneros de conciencia encarcelados el mes anterior al de la publicación de su informe.
“Todos ellos son torturados como lo demostró el estudio pormenorizado de 101 casos aleatorios denunciado por Prisoners Defenders ante el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT)”, afirmó la ONG.
Según PD, los reproches públicos expresados por el CAT, materializados en su informe de mayo pasado sobre la situación de la tortura en Cuba, avalan la metodología de investigación empleada por la organización.
Por su parte, la organización no gubernamental promotora de los derechos humanos Cubalex, cifró en 114 el número de mujeres que permanecen encarceladas en Cuba por motivos políticos.
La información fue recopilada de los listados que llevan las organizaciones Justicia 11J y PD y "se encuentra en constante revisión, por lo que las cifras pueden variar", precisó Cubalex, organización que brinda asesoría a los familiares de los presos políticos.
Del total de mujeres presas de conciencia en Cuba, 58 cumplen condena por manifestarse pacíficamente durante el estallido social del 11 de julio de 2021, entre ellas Sissi Abascal (25 años), la Dama de Blanco más joven de Cuba.
Además de la preocupación de los legisladores por la situación de los derechos humanos en Cuba, es evidente la alarma creciente que provoca en la clase política estadounidense el estrechamiento de relaciones entre La Habana, Moscú y Pekín.
En días recientes, el republicano McCaul y el senador demócrata Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, enviaron una carta enviada el viernes al secretario de Estado, Antony Blinken, y al director de la CIA, William Burns, solicitando una sesión informativa clasificada sobre la supuesta instalación de espionaje chino en Cuba.
Las revelaciones acerca de la presunta existencia de acuerdos entre La Habana y Pekín para la instalación de bases de entrenamiento y espionaje militar en Cuba hicieron hecho saltar las alarmas en el Congreso de Estados Unidos.
La relación militar y de inteligencia de dos países comunistas aliados por intereses antiamericanos llevó a ambos legisladores a liderar una iniciativa parlamentaria que solicitó a los responsables del Departamento de Estado y la Agencia Central de Inteligencia “una sesión informativa clasificada sobre los reportes acerca de una instalación de espionaje chino en Cuba”.
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