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La prensa oficialista cubana reconoció este miércoles que decenas de boteros han dejado de trabajar en La Habana luego de que el Gobierno fijara nuevos precios a sus tarifas.
Un reporte del diario Juventud Rebelde entrevista a consumidores y taxistas y concluye que "ha disminuido el número de choferes en servicio" luego de que estos iniciaran una huelga.
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"En muchas ocasiones los pocos que se mantienen no paran o reducen la distancia de la ruta habitual, por tanto, en un final continuamos afectados", explicó la usuaria Mariana, de 42 años, residente en Centro Habana.
Los nuevos precios aprobados por el Gobierno de La Habana son de aplicación general a estos trabajadores por cuenta propia desde las 05:00 hasta las 21:00 horas. Fuera de ese horario, destaca la Resolución, las tarifas serán por acuerdo entre cliente y transportista (oferta y demanda).
Según la Resolución 132 de la Gobernadora Provincial del Poder Popular de La Habana, «para la conformación de las nuevas tarifas se tuvo en cuenta la Resolución 240 del 2020, que establece los precios de este servicio, vigentes hasta el momento, el chequeo del comportamiento de los precios de los trabajadores por cuenta propia vinculados a la transportación de pasajeros durante 2022 y los primeros meses del presente año; así como la confección de una ficha de costo con todos los elementos indispensables por concepto de gasto».
Los nuevos precios aprobados por el Gobierno de La Habana son de aplicación general a estos trabajadores por cuenta propia desde las 05:00 hasta las 21:00 horas. Fuera de ese horario, destaca la Resolución, las tarifas serán por acuerdo entre cliente y transportista (oferta y demanda).
Los transportistas privados, que mueven el 10.7 por ciento (63.948 pasajeros) de la demanda de transporte en La Habana (600.000 pasajeros), afirmaron que los nuevos precios son insostenibles para ellos, que tienen las mismas dificultades de otros cubanos para satisfacer sus necesidades básicas, y deben comprar a altos precios el combustible y las piezas de repuesto que el estado no vende.
Miguel, conductor de la ruta G y 23 hasta Micro X, en Alamar, dice que urge una mayor comprensión con respecto a los taxistas no estatales que operan en las 46 rutas de transportación de pasajeros diseñadas en la ciudad, con una distancia media de 11,6 kilómetros aproximadamente.
"Las personas solamente se enfocan en sus prioridades, sin pensar en que nosotros también tenemos situaciones por atender. En mi caso particular tengo dos hijos, mis padres ya están jubilados, mi esposa ahora mismo no está trabajando por cuestiones médicas... eso es necesario tenerlo en cuenta también, un poco de empatía", explicó.
"Entiendo perfectamente la respuesta de las personas y el escenario económico actual del país, pero los precios que manteníamos no eran suficientes para adquirir los recursos básicos con los cuales realizamos nuestro trabajo", recalcó.
Los funcionarios cubanos aseguran que para implementar la Resolución 132, la propuesta de nuevos precios fue concertada con la mayoría de los titulares que poseen licencia de operación de transporte en cada uno de sus territorios, para establecer un equilibrio de precios entre ellos y los clientes habituales, de forma tal que fuese factible para ambas partes.
Sin embargo, taxistas de La Habana negaron tal reunión. "A mí nadie me consultó", dijo Fernando Rafael Gonzalez Colet, un botero que incluso presentó una queja ante la Dirección Provincial de Transporte.
Eduardo, quien opera en la ruta desde la terminal de Playa hasta el Vedado, explicó al rotativo oficialista que ellos enfrentan enormes gastos para dar mantenimiento a los vehículos, comprar las piezas de repuesto y por la situación existente con el combustible.
Desde el pasado 9 de junio los boteros cubanos residentes en La Habana se declararon en huelga. Ese día entró en vigor la decisión de topar los precios del transporte privado, que experimentó un aumento considerable, en medio de un déficit de combustible que se ha prolongado por meses.
Estos trabajadores privados habían advertido que no trabajarían en protesta por la imposición de precios que resultan poco rentables y que no se corresponden con la situación del país.
Con la entrada en vigor de las nuevas tarifas para el transporte de pasajeros por el sector privado, las autoridades de La Habana se han lanzado a las calles para detectar a los infractores de la Resolución 132, a quienes sancionan con multas elevadísimas.
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