El régimen cubano denunció en la noche del domingo la realización de un presunto atentado contra la sede de su Embajada en Washington.
Así lo informó en su cuenta en X el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, quien atribuyó el hecho a un individuo que habría lanzado dos cocteles molotov contra el edificio.
El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) indicó que nadie había resultado herido en supuesto el incidente.
“En la noche de hoy, 24/9, la Embajada de Cuba en EEUU fue objeto de un ataque terrorista de un individuo que lanzó 2 cocteles molotov. No hubo daños al personal. Se están precisando los detalles”, señaló Rodríguez Parrilla.
Al momento de redactar esta nota, no hay pronunciamiento oficial de las autoridades de Estados Unidos, ni el régimen cubano ha divulgado imágenes de cámaras de seguridad que hayan captado el presunto atentado.
“Es el segundo ataque violento contra la sede diplomática en Washington desde abril de 2020. En aquella ocasión, un individuo disparó con un fusil de asalto contra la sede”, precisó el canciller del régimen cubano.
En una velada alusión a las responsabilidades de protección del país anfitrión de la legación diplomática, Rodríguez Parrilla afirmó que “los grupos anticubanos acuden al terrorismo al sentir impunidad, algo sobre lo que Cuba ha alertado a autoridades estadounidenses reiteradamente”.
Según la prensa oficialista cubana, “tras producirse el lamentable incidente, la comunidad internacional ya ha comenzado a denunciar el hecho y ha manifestado su solidaridad con el pueblo cubano”.
Sin embargo, las reacciones en redes sociales de la sociedad civil cubana muestran mayoritariamente escepticismo y descreimiento hacia la información ofrecida por La Habana, llegando muchos a opinar que podría tratarse de un auto atentado perpetrado por el propio régimen para impulsar su agenda política de cara a la comunidad internacional.
El atentado se habría cometido justo cuando la delegación encabezada por el gobernante Miguel Díaz-Canel abandonaba territorio estadounidense, luego de una intensa semana de eventos ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) y con simpatizantes del régimen en Nueva York: una agenda que provocó el rechazo de activistas cubanos que se manifestaron ante la Misión Permanente de Cuba.
El atentado de 2020
A finales de abril de 2020, un hombre fue arrestado después de disparar varias veces con un rifle de asalto a la Embajada de Cuba en Estados Unidos.
El tiroteo ocurrió aproximadamente a las 2:10 a.m. a las afueras de la Embajada, en el 2600 y la 16th Street NW, en el noroeste de la ciudad. Al lugar acudió la policía del área al escucharse los primeros disparos y en cuestión de minutos detuvieron al sospechoso, según el reporte de la Policía Metropolitana de Washington DC enviado a CiberCuba.
Aunque en la información preliminar las autoridades no identificaron al sospechoso, el comunicado policial indició que el presunto agresor es Alexander Alazo Baró, de 42 años, residente en Aubrey, Texas.
"El sujeto fue inmediatamente arrestado sin incidentes adicionales y el arma fue recuperada. El Servicio Secreto procedió a hacer el arresto y continúa con la investigación del caso", dijo a CiberCuba la portavoz policial Brianna Jordan.
Alazo Baró efectuó 32 disparos con un fusil AK-47 contra la sede diplomática cubana antes de lanzar el arma contra la entrada del edificio. Cuando agentes de la Policía Metropolitana de Washington y el Servicio Secreto procedieron a arrestarlo, estaba arropado en una bandera estadounidense.
Dos años más tarde, en abril de 2022, el cubano continuaba tras las rejas en medio de un dilatado proceso judicial en el que se debatía su competencia mental para enfrentar el proceso en su contra y valorar el acuerdo de culpabilidad ofrecido por el gobierno de Estados Unidos.
El tema de la evaluación mental de Alazo Baró fue objeto de prolongadas consideraciones y maniobras legales por parte de la fiscalía y la defensa, y se constituyó en el principal obstáculo para avanzar el caso hacia una solución final.
La acusación en su contra lo implicó en cuatro delitos por descargar un arma de fuego durante un acto de violencia, atacar un local oficial y dañar intencionalmente propiedades pertenecientes u ocupadas por un gobierno extranjero en Estados Unidos. De ser hallado culpable, podría recibir una sentencia obligatoria de al menos 10 años de cárcel y una multa de 250,000 dólares.
El expediente del caso incluyó los videos de las cámaras corporales de los policías en la escena del tiroteo y el video de vigilancia de la embajada. El tribunal limitó estrictamente el uso de las imágenes y restringió el uso de los videos a las partes en litigio.
Las imágenes del tiroteo grabadas desde la embajada cubana muestran nítidamente los pormenores del incidente y el comportamiento de Alazo Baró por alrededor de 10 minutos antes de producirse su detención.
La jueza federal Amy Berman Jackson prohibió incluso mostrar las imágenes a otras personas o copiarlas con otros fines ajenos al proceso en el tribunal, y ordenó que no se permitirá identificar testigos al público, ni el acusado podrá revelar el contenido de los videos o duplicarlo por medio de fotos u otro soporte.
En marzo de 2020, un mes antes del ataque, el cubano fue admitido en un hospital psiquiátrico, donde se le diagnosticó por un trastorno delirante y se le recetó medicación. Fue entonces cuando procedió a adquirir el rifle AK-47, que mantuvo consigo como "arma de protección" hasta la madrugada del asalto.
La reacción de La Habana en 2020
El régimen cubano lanzó reiteradas críticas a Estados Unidos por el manejo del caso y por no condenar la acción del acusado como un "acto terrorista", tal y como califica los actuales hechos que denuncia.
De inmediato, el caso cobró un matiz político en medio del agravamiento de las tensiones entre La Habana y Washington durante la administración de Donald Trump.
A raíz del incidente, el Rodríguez Parrilla denunció presuntos vínculos de Alazo con una iglesia cristiana, líderes políticos y activistas del sur de Florida que supuestamente mantenían una postura hostil hacia el régimen de la isla.
Pero la denuncia del MINREX solo hizo referencias a algunas relaciones indirectas de Alazo a través de redes sociales, sin presentar pruebas documentales ni testimonios de las conexiones del asaltante con grupos violentos y personalidades cubanoamericanas.
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