El Examen Periódico Universal (EPU) realizado en Ginebra por el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU reveló una faceta más de la represión y la violación de los derechos humanos en Cuba ante los ojos del mundo. Representantes de la sociedad civil cubana y activistas internacionales alzaron la voz para denunciar las prácticas del régimen.
La activista Carolina Barrero destacó la crítica internacional hacia el gobierno cubano, puntualizando que el cuarto ciclo del EPU demostró cómo Cuba enfrenta retrocesos significativos en cuanto a libertades y derechos ciudadanos, a la vez que el abogado Edel González Jiménez subrayó el incumplimiento del gobierno cubano en cuanto a acuerdos internacionales en la materia.
"Sin vergüenza alguna el régimen afirma que respeta la libertad de expresión, de asociación y de manifestación… ¡Mienten sobre procesos electorales libres mientras mantienen 1,062 presos políticos y un número creciente de exiliados y artistas censurados!", denunció en sus redes sociales el activista Magdiel Jorge Castro.
En una actuación que muchos consideraron hipócrita, un funcionario del Ministerio del Interior cubano (MININT) insistió en el hemiciclo que en Cuba no existían presos políticos y que las prisiones tenían condiciones óptimas, afirmaciones que fueron refutadas por los relatos de la oposición y organismos independientes.
Frisia Batista Mokárzel, coordinadora de la Red Femenina de Cuba, resaltó la importancia de seguir luchando por una ley integral contra la violencia de género en la isla, tema que también fue cuestionado en el EPU.
Mientras tanto, Yaxys Cires, del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), reiteró que la situación de los derechos humanos en Cuba es preocupante y que la presión internacional es fundamental para exigir cambios y respeto a las libertades fundamentales en el país.
En respuesta a los señalamientos, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, mantuvo un discurso político que para muchos reflejó la desconexión entre el Estado y el pueblo cubano.
Más de 144 estados participaron en el examen, enviando recomendaciones al gobierno cubano. Aunque Cuba tiene un asiento en el CDH, el escrutinio evidenció su falta de compromiso con los estándares internacionales en esta materia.
En mayo de 2018, la activista Rosa María Payá, hija del disidente cubano fallecido en 2012 Oswaldo Payá, denunció que Cuba se estaba "burlando" del tercer ciclo del EPU al que se sometió por esas fechas.
"Estamos aquí para denunciar los esfuerzos del régimen cubano por burlarse de nosotros, de los ciudadanos cubanos y del proceso del EPU", afirmó la activista en un encuentro con la prensa horas antes de ese escrutinio.
Por su parte, la organización United Nation Watch, que se encarga de monitorear el desempeño de las Naciones Unidas, criticaba meses después -durante la sesión 39 del CDH- la falta de seriedad de Cuba en su informe presentado en mayo ante el EPU.
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