La empresa Binance Holdings Ltd. alcanzó un acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para pagar una suma de $968,618,825 por 1,667,153 aparentes violaciones de múltiples programas de sanciones, entre ellos por interacciones con usuarios en Cuba.
Durante más de cinco años, desde agosto de 2017 hasta octubre de 2022, Binance realizó intercambios de criptomonedas a través de su plataforma en línea, incluyendo transacciones entre usuarios en países sancionados y personas en la lista de bloqueos de OFAC, lo cual constituye una falta seria en la conformidad de la empresa con las sanciones de EE.UU.
A pesar de que Binance procuró proyectar una imagen de cumplimiento de las normativas, incluyendo engaños a terceros sobre sus controles, la alta gerencia estaba consciente y permitió la presencia de usuarios tanto de EE.UU. como de jurisdicciones sancionadas en su plataforma, según un comunicado del Departamento del Tesoro.
Binance también tomó medidas para socavar su función de vigilancia, animando a los usuarios a evadir los controles que la empresa supuestamente imponía, resultando en (i) la exportación directa o indirecta de bienes y servicios desde o por parte de personas estadounidenses a jurisdicciones sancionadas y (ii) causando que personas estadounidenses participaran, directa o indirectamente, en transacciones con usuarios en jurisdicciones sancionadas y con personas bloqueadas, descritas como "Aparentes Violaciones".
El monto del acuerdo refleja que estas violaciones no fueron divulgadas de manera voluntaria por Binance y que el comportamiento de la empresa fue considerado como deliberado. Este también considera acuerdos previos de Binance con el Departamento de Justicia (DOJ), la Red de Ejecución de Crímenes Financieros (FinCEN) y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), así como el acuerdo de la compañía de desarrollar un Monitor de Cumplimiento Independiente para los próximos cinco años.
Entre las prácticas detalladas, Binance identificó a usuarios en jurisdicciones sancionadas, incluida Cuba, basándose en el proceso KYC y otra información disponible. Desde agosto de 2017 hasta octubre de 2022, Binance procesó aproximadamente $706,068,127 en transacciones de criptomoneda que violaron regulaciones de sanciones de diversos países y jurisdicciones sancionadas.
Para las criptobolsas y otras entidades financieras que operan fuera de Estados Unidos, y que hacen negocios con personas estadounidenses o dentro de EE.UU., este caso subraya la necesidad de garantizar que sus actividades no causen que los estadounidenses violen las sanciones económicas de su gobierno, o resulten en la exportación de bienes, servicios o tecnología desde Estados Unidos a jurisdicciones sancionadas o a personas bloqueadas.
El enfoque proactivo y cooperativo de Binance con OFAC, que incluyó una extensa investigación interna, así como varias medidas de remediación significativas, ayudaron a mitigar la penalización final. Sin embargo, este caso ilumina la importancia crítica del cumplimiento normativo y la potencial exposición a severas consecuencias por fallos al respetar las leyes de sanciones, especialmente en un sector tan vigilado y novedoso como el de las criptomonedas.
En septiembre de 2021, el régimen cubano anunció que comenzaría a regular el uso de criptomonedas y otorgaría licencias para proveedores de servicios que operen con las mismas, según informó el Banco Central de Cuba (BCC).
En abril del siguiente año, las autoridades cubanas autorizaron el uso de criptomonedas en el sistema bancario nacional para personas naturales y jurídicas, y anunció la entrega de licencias por un año a aquellos que proveyeran servicios de activos virtuales.
"Se venía gestando desde hace un tiempo, (últimamente) la normativa ha ido reaccionando a la realidad, y eso es algo que, en el contexto cubano, es importante", dijo el académico Arturo López Levy un día después del anuncio. "Para los países sancionados, esto es una alternativa que ya se ha aplicado", subrayó.
Las declaraciones del polémico profesor de las universidades de Denver y Colorado, y primo del fallecido general Luis Alberto López-Calleja (quien dirigiera el Grupo de Administración Empresarial S.A, GAESA), dejaron ver que el gobierno cubano podría esquivar las sanciones económicas de Estados Unidos a través del uso de criptomonedas.
Una de las ventajas que tiene el uso de criptomonedas, según el académico cubano, era la dificultad para rastrear las operaciones que se realizaran con ella. Al parecer, su análisis no tuvo en cuenta la tecnología de la OFAC, ni el celo con el que desempeña su misión.
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