El gobierno cubano aprobó este lunes un Decreto Ley que regula el régimen laboral de presidiarios "que trabajan dentro o fuera de los Establecimientos Penitenciarios".
Bajo el título “Del Régimen Laboral Especial de las Personas Privadas de Libertad que trabajan dentro o fuera de los Establecimientos Penitenciarios”, el Consejo de Estado dio luz verde a la norma.
El decreto establece el régimen laboral especial aplicable a las personas naturales (ya sean cubanas o extranjeras), que cumplen sanciones penales en los establecimientos penitenciarios, según explicó la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) en su página web.
La norma regula el régimen aplicable a aquellos reos que se incorporan al trabajo dentro o fuera de los establecimientos penitenciarios durante la sanción penal, o para aquellos sancionados con medidas cautelares de prisión provisional.
Sin ofrecer detalles del texto legal, ni un enlace al mismo, la web de la ANPP indicó que la norma “regula la relación jurídica de trabajo que se establece entre la persona privada de libertad (apta y en disposición de trabajar), y la autoridad penitenciaria para el desarrollo de una prestación laboral subordinada por cuenta ajena y remunerada”.
Asimismo, indicó que su aplicación recae también sobre “los que cumplen medida cautelar de prisión provisional en el sistema penitenciario cubano”; pero excluye “las actividades que forman parte del proceso educativo en el establecimiento penitenciario”.
Para el secretario de la ANPP, Homero Acosta Álvarez, la norma “resulta profundamente avanzada y revolucionaria, respetuosa del trabajo como derecho constitucional de todas las personas en condiciones de trabajar, de gran alcance humanista y con una jerarquía normativa superior; así como está acorde con las normas internacionales que regulan esta materia”.
Un reciente reportaje de la Televisión Cubana que abordó la crítica situación higiénico-sanitaria que supone la acumulación de desperdicios en La Habana, reveló que el gobierno provincial y las autoridades de los Servicios Comunales empleaban a reclusos para recoger las toneladas de basura que se amontonan en sus calles.
Así lo reconoció Onelio de Jesús Ojeda, director provincial de Servicios Comunales de La Habana, indicando que la “inestabilidad de la fuerza de trabajo” (falta de personal para realizar estas labores) ha obligado a los Servicios Comunales de la capital a tener que trabajar “con un grupo importante de reclusos y sancionados”.
“Eso constituye una fuerza importante en nosotros, a partir de la inestabilidad de la fuerza laboral y el completamiento de la plantilla que está en un 68%”, indicó el directivo. En ese sentido, la directora de la empresa provincial de Higiene Comunal, Odalis Acosta refirió que “hoy el salario promedio de los trabajadores de esta empresa está en unos 3,500 pesos”.
A finales de mayo, el gobierno de La Habana citó por la vía judicial a un grupo de personas residentes en el municipio Marianao, que estaban desvinculadas laboralmente, varias de las cuales fueron detenidas.
Días antes, autoridades de la capital revocaban la libertad condicional a decenas de personas previamente sancionadas a prisión en los municipios de Centro Habana, Cerro, Marianao, Habana del Este y San Miguel del Padrón, ante el aumento de la delincuencia en la ciudad.
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