Un grupo de balseros cubanos realizó una fuerte protesta frente a la Administración del Gobierno de Islas Caimán, en respuesta a la persecución y posterior arresto de dos migrantes de la isla esta semana.
El Servicio de Aduanas y Control Fronterizo de las Islas Caimán (CBC) había confirmado una operación en las primeras horas del 30 de abril en el Bodden Town Civic Center (BTCC), con el objetivo de localizar a dos migrantes que habían escapado de la detención legal en el Centro de Detención de CBC (CBC DC).
Dichos migrantes, los cuales habrían llegado en balsas al territorio británico de ultramar, fueron hallados y posteriormente arrestados, y actualmente enfrentan varios cargos por evadir la custodia policial.
Sin embargo, este incidente sirvió como el detonante de una protesta de más de 20 migrantes, quienes se congregaron en las escaleras del edificio de la Administración del Gobierno el martes 30 de abril.
Las autoridades dijeron que la mayoría de los migrantes que permanecen en Gran Caimán llegó antes de las reformas legislativas introducidas en diciembre de 2022 y la protesta exigía la resolución de los casos de asilo pendientes.
Explicó al respecto que los casos de asilo están en proceso ante el Tribunal de Apelaciones de Protección de los Refugiados, pero que realmente presentan retrasos en la conclusión de la apelación.
Señala que las CBC brinda a los migrantes irregulares alojamiento, alimentación, artículos de higiene personal, atención médica y medicamentos cuando es necesario, bajo la supervisión de la Autoridad de Servicios de Salud (HSA).
Aclara, además que aquellos migrantes alojados en el Bodden Town Civic Center se encuentran en admisión temporal, aguardando la resolución de sus solicitudes de asilo político, sin estar sujetos a detención; pero que hasta el momento la mayoría de los cubanos que llegan han sido considerados migrantes económicos, y no cumplen con los requisitos para recibir asilo político.
En el caso específico de los migrantes cubanos, estos son repatriados a Cuba a través de un acuerdo con el régimen de La Habana que activó las deportaciones en enero de 2023.
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