Un total de 78 personas han sido detenidas en una macro operación policial en la Terminal Multipropósito del puerto Guillermón Moncada, de Santiago de Cuba. Según informa Canal Caribe, 59 de los arrestados ya han ingresado en prisión provisional y el resto (19) tiene aplicadas otras medidas cautelares. Se enfrentan a penas que van de 8 a 20 años de privación de libertad.
Todos están a la espera de sentencia firme, dijo Ángel Luis Quiñones Zapata, jefe de la Unidad Provincial de Investigaciones Criminal y Operaciones en la provincia. Se les acusa de desviar hacia los mercados informales, camiones cargados de arroz, frijoles, azúcar y harina, que, supuestamente, estaban destinados a la canasta básica que se da a través de la libreta de abastecimiento.
Las autoridades cubanas encargadas de la investigación aseguran que se lograron 'ocupar' 3,8 toneladas de arroz importado, 2 toneladas de frijoles negro importado, 22,6 toneladas de azúcar refino blanco y 33 toneladas de harina de soja. Además, dan por hecho que no habría podido cometerse este desfalco de no ser por "la cantidad de personas involucradas en él", señaló el mayor Erik Miguel Martínez Ferrales, oficial operativo de la Unidad Económica, del Minint.
En esta operación las autoridades cubanas han valorado en 9 millones de pesos cubanos las presuntas afectaciones causadas por sólo dos de los cinco delitos que se achacan a los encausados, entre los que están malversación, falsificación de documentos públicos, apropiación indebida y receptación.
Además, en esta operación habrían participado, atendiendo a la información que aporta la televisión oficialista, 33 vehículos de carga. De ellos, 26 estatales y los demás, privados. En los registros se han decomisado una casa, un Lada 2106 y cuatro neumáticos. Además, dinero efectivo: 479.000 pesos, 769 dólares y 200 euros.
Luis Felipe Garrido Torres, fiscal de Departamento de Verificaciones Fiscales, asegura que en este caso se pusieron de acuerdo los transportistas con el personal encargado de supervisión y pesaje, que cobraban entre 9.000 y 18.000 pesos por cada tonelada de producto que se reportaba por debajo del peso establecido.
Por la venta de cada camión de arroz los encausados cobraban entre 200.000 y 300.000 pesos. Las facturas que se hacían no se incorporaban a la contabilidad y de esta forma no se podía dar seguimiento a la entrega, que finalmente se hacía en mercados informales. Allí, cada saco de arroz se vendía a razón de 200 pesos la libra, lo que reportaba 4 millones de pesos a cada transportista.
Para evitar que la mercancía se siguiera desviando, el Gobierno de Santiago de Cuba optó por escoltar los camiones con patrullas policiales tras destaparse el supuesto desfalco, apuntó Waldis González Peinado, vicegobernador provincial.
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