El Ministro de Finanzas y Precios en Cuba, Vladimir Regueiro Ale, advirtió a los dueños de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) que es un "delito grave" ocultar la mercancía y no venderla a la población.
El funcionario acudió a la televisión cubana para explicar las primeras acciones de control que el régimen ha pactado tras la reciente implementación de la Resolución 225 donde se impone un tope de precios a seis productos de primera necesidad en el país.
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Regueiro destacó que ocultar mercancía y obstaculizar el comercio, pueden considerarse delitos o infracciones graves.
"Estamos apercibiendo y, donde hemos identificado estos casos, hemos convocado a los gobiernos municipales a los actores económicos que son titulares", afirmó. Los dueños de mipymes son citados a las sedes gubernamentales para recibir orientación sobre las medidas a seguir en cada situación.
"En muchos casos, hemos tenido que ordenar las ventas forzosas de las mercancías. Hasta el 13 de julio, habíamos ordenado 151 acciones de venta forzosa de productos", dijo. Además, especificó que las mayores violaciones son en la comercialización de pollo y aceite.
A pesar de las "indicaciones" dadas por el Estado, la población sigue reportando la escasez de productos básicos como el pollo y la leche en polvo desde que se aplicaron las nuevas medidas a los negocios privados.
Regueiro también se refirió a la regulación de las ganancias, afirmando que se ha establecido un límite máximo del 30%.
"El Estado ha dado un paso significativo para reducir costos con la liberación del pago de aranceles. Esto debe motivarnos a todos a revisar cómo se distribuyen las ganancias, ya que el beneficiario final es la población", señaló el funcionario.
El primer ministro cubano, Manuel Marrero, durante una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros abordó la semana pasada la actualización de disposiciones jurídicas para las mipymes, trabajadores por cuenta propia y empresas del sector privado en Cuba.
Marrero dijo que las nuevas políticas del gobierno "no son una cruzada contra las mipymes". Asegura que son necesarias para la economía y que fueron aprobadas en el Congreso del Partido Comunista.
Señaló que las normas iniciales tenían vacíos jurídicos que condujeron a distorsiones y subrayó que el sector privado tiene que entender su lugar en la economía, porque "la Constitución de la República deja claro que el principal actor es la empresa estatal socialista".
Este fin de semana, el gobierno ordenó 11,891 inspecciones al sector privado y las denominó eufemísticamente "acciones de enfrentamiento a las violaciones de precios topados".
La detección de violaciones fue de un 41,7 %, con 4,954 casos. Se impusieron 4,332 multas, por un valor superior a los 13 millones de pesos.
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