La Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba aprobó este jueves la "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública" durante el tercer periodo de su décima legislatura.
Esta normativa, que se presenta como un avance en el cumplimiento de las obligaciones de los órganos del Estado en brindar información pública, ha suscitado críticas debido a su potencial uso para restringir el acceso a la información en lugar de promover una verdadera transparencia.
Cubadebate indica que la nueva ley establece que "todas las personas tienen derecho a solicitar y recibir del Estado información veraz, objetiva y oportuna" (Art. 53).
El gobierno asegura que con esta nueva norma garantizará el acceso a los datos personales en registros públicos, permitiendo su corrección o cancelación si fuera necesario (Art. 97). Además, enfatiza que los órganos del Estado deben actuar con transparencia (Art. 101).
A pesar de estas promesas, la ley se enmarca en los principios del Estado socialista de derecho, tal como estipulan los artículos 1, 8 y 10 de la Constitución cubana. Este contexto ha sido criticado por limitar la efectividad real de la ley, dado que la transparencia en un régimen autoritario suele ser más simbólica que práctica.
La ley fue presentada por el ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Eduardo Martínez Díaz, quien afirmó que la normativa es "la más alta expresión de la voluntad política del Estado y el Gobierno cubanos de transparentar su gestión".
Expertos y críticos del régimen señalan que esta legislación podría ser utilizada para controlar aún más la información, en lugar de promover un acceso libre y verdadero a datos de interés público.
En su discurso, Martínez Díaz recordó las palabras de Raúl Castro en 2010 sobre la necesidad de suprimir el excesivo secretismo. La aplicación práctica de estas ideas en un régimen que ha mantenido un estricto control sobre la información y la libertad de prensa durante décadas es cuestionable.
La ley prohíbe divulgar información clasificada que pueda afectar la soberanía, defensa y seguridad nacionales, datos personales, procedimientos judiciales en curso, derechos de propiedad intelectual y confidencialidad de datos comerciales, entre otros.
Estas excepciones amplias y vagas pueden ser utilizadas para justificar la censura y mantener el control sobre la información sensible.
El dictamen de la ley fue presentado por la diputada Martha del Carmen Mesa Valenciano, quien destacó el proceso consultivo y la simplificación del documento.
La diputada Daicar Saladrigas González subrayó que el verdadero reto está en su implementación, ya que requiere un cambio sustancial en las prácticas de las instituciones estatales, conocidas por su opacidad y falta de rendición de cuentas.
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Cuba se presenta como un avance pero su efectividad real está en duda debido a las amplias excepciones y el contexto de un régimen autoritario que históricamente ha restringido la libertad de información.
La desconfianza hacia la implementación de la ley y su potencial uso para mantener el control estatal sobre la información sensible refleja las preocupaciones de quienes abogan por una verdadera transparencia y rendición de cuentas en Cuba.
La Ley entrará en vigor a los 180 días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.
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