El Parlamento cubano aprobó la nueva Ley de Migración, en un contexto en el que más de dos millones de cubanos han viajado al exterior desde 2013.
El proyecto de Ley fue presentada por el primer coronel Mario Méndez Mayedo, jefe de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior (MININT), quien aseguró que la norma actualiza la legislación migratoria para alinearla con las condiciones actuales de Cuba y los preceptos constitucionales.
Una de las reformas más significativas es la eliminación del límite de 24 meses para la estancia en el exterior sin perder la residencia en Cuba, una medida en moratoria desde la pandemia de COVID-19. Esto facilita el regreso al país a quienes residen en el extranjero, sin restricciones temporales.
Méndez dijo que las principales ciudadanías de cubanos en el exterior son la estadounidense y la española. Sin embargo, las mayores comunidades están en EE.UU., España y México.
Según el funcionario, otro aspecto de relevancia es el desarrollo del concepto "residencia efectiva migratoria", que se refiere a la condición que tienen las personas cubanas que participan en el proceso migratorio y las personas extranjeras residentes, cuando acumulan, en el término del año anterior a la fecha en la que se hace la solicitud, la mayor parte de su tiempo en el territorio nacional.
"La persona interesada que no alcance el período de tiempo establecido, puede solicitar la residencia efectiva migratoria si acredita su arraigo en el país mediante la combinación de un período de permanencia en el territorio nacional con otras evidencias o actos que demuestren su interés de residir en él", dijo Méndez.
El gobierno cubano asegura que su intención con esta ley es fortalecer los vínculos con sus ciudadanos residentes en el exterior y adoptar mejores prácticas internacionales en la atención al migrante.
Sin embargo, en la nueva norma hay categorías como "persona de interés público" y "razones de defensa y seguridad nacional", que el Estado usa para impedir que opositores, periodistas independientes, activistas y profesionales como los médicos, puedan salir o entrar al país, designándolos como "regulados".
La nueva ley se aplica tanto a ciudadanos cubanos como a extranjeros en territorio nacional, así como a diversas entidades y organismos del Estado y actores económicos.
Los principios que rigen esta normativa, según el Estado, incluyen integración, igualdad, equidad, no discriminación, orden público, defensa y seguridad nacional, y cooperación internacional.
Los objetivos de la política migratoria son, garantizar el cumplimiento de la legislación vigente, promover el retorno de los cubanos con condiciones para hacerlo, incentivar la participación de los residentes en el exterior en el modelo económico cubano y mantener estándares internacionales en la gestión migratoria.
El Ministerio del Interior, a través de la Dirección de Identificación, Migración, Extranjería y Ciudadanía, será la autoridad encargada de ejecutar y controlar la política migratoria. El Ministerio de Relaciones Exteriores se ocupará de dar asistencia consular a los ciudadanos cubanos en el exterior.
La ley define las categorías migratorias para ciudadanos cubanos y extranjeros, establece los derechos de los cubanos en materia migratoria y regula la residencia efectiva migratoria.
El gobierno insiste en que la normativa busca también prevenir la migración irregular y proteger a los migrantes y víctimas de trata y tráfico ilícito de personas.
La nueva Ley de Migración cubana pretende modernizar y adecuar la normativa migratoria a las condiciones actuales, fortalecer los vínculos con la diáspora cubana y garantizar una migración ordenada y segura conforme a los estándares internacionales.
Sin embargo, queda por ver que se cumplan todos estos objetivos y promesas en un país que frecuentemente viola los derechos de sus ciudadanos.
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