El gobierno cubano ha sumado una nueva batalla a las tantas guerras que tienen dentro del país por su ineficaz política económica. Ahora añaden una cruzada contra las ventas digitales.
"Actuar con rigor en todos los territorios e identificar las ventas que se promueven en sitios digitales o se realizan a domicilio para evadir la inspección e ignorar la regulación temporal de precios", señala el perfil Gobierno Cuba en X como indicación del primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz a los gobernadores del país.
"No estamos en contra de ese servicio, pero tiene que cumplir los precios establecidos. Hay que divulgar los resultados del enfrentamiento, no solo para que el pueblo vea que lo estamos defendiendo, sino para que los violadores sepan que esto va en serio", ordenó un días después que en la Asamblea Nacional se anunciaran fuertes medidas contra el sector privado.
La acción se inscribe en la escalada que ha tenido el régimen para atacar a las micro, medianas y pequeñas empresas (mipymes) a quienes acusan de “elevados, especulativos y abusivos precios de productos y servicios básicos de la población”.
“Ya en La Habana intervenimos en un caso de una plataforma digital. Logramos identificar los titulares, quienes realizaban las ventas. Se convocaron, se les puso un apercibimiento y ahí, en ese mismo momento, bajaron el precio del pollo. O sea, que también con quienes realizan ventas digitales se puede trabajar”, dijo Vladimir Regueiro Ale, ministro de Finanzas y Precios.
Según el sitio digital oficialista Cubadebate, el ministro refirió que las sanciones en el Decreto 30, "cuyo objetivo es enfrentar las conductas de indisciplina y evitar que se generen precios abusivos y especulativos, pueden ser de entre 5,000 y 15,000 pesos por violaciones de tarifas y precios, pero puede llegar hasta 18,000 pesos".
Asimismo, el funcionario explicó que “los números nos están demostrando que estábamos dormidos en este tema, demuestran que no le habíamos puesto todo el rigor y el seguimiento necesario”.
Durante su discurso de clausura del tercer período ordinario de sesiones de la X Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), el gobernante de la isla, Miguel Díaz-Canel, confirmó el viraje del régimen cubano en su política de tímida apertura económica, y ratificó su voluntad de someter la actividad de los “nuevos actores económicos” a las directrices estatales y a la planificación centralizada de la economía.
“Es hora de superar los diagnósticos y pasar a las acciones”, fue la frase utilizada por el mandatario para dar rienda suelta a las acciones contra los pequeños negocios privados en Cuba.
En la propia reunión de los diputados cubanos, el primer ministro cubano había informado que el Gobierno cubano le quitó la licencia de importación a casi un tercio de los negocios privados que estaban autorizados a hacerlo.
"Se decidió cerrar esta facultad a 24 de las 73 empresas aprobadas para importar, por bajo nivel de actividad y mal trabajo", consignó el burócrata.
De igual manera, fueron anunciados importantes cambios en las regulaciones para las mipymes y el trabajo por cuenta propia.
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