Régimen de Nicaragua niega la entrada a otro opositor cubano

Yoel Acosta Gámez, víctima de presiones de la Seguridad del Estado en Cuba para abandonar la Isla, recibió un correo electrónico horas antes de abordar un vuelo en Uruguay, en el que las autoridades nicaragüenses le notificaban que, tanto él como su esposa, no estaban autorizados a viajar a ese país.


El régimen del dictador Daniel Ortega negó la entrada a Nicaragua al activista y periodista independiente cubano Yoel Acosta Gámez y a su esposa, Alisanni Lores Furones, cuando se disponían a viajar al país centroamericano desde Uruguay.

Así lo denunció la organización no gubernamental (ONG) Cubalex en una publicación de sus redes sociales en la que informó de la prohibición de entrada a Nicaragua impuesta por las autoridades de Migración de ese país, estrecho aliado del régimen de La Habana.

“El activista informó a Cubalex que compraron los pasajes con tres meses de antelación y tenían un vuelo programado para hoy [sábado 20 de julio] a las 4 de la madrugada hacia Nicaragua, con salida desde Uruguay y una escala en Panamá”, precisó la organización.

El opositor, víctima de presiones de la Seguridad del Estado en Cuba para abandonar la Isla, recibió un correo electrónico horas antes de abordar el vuelo, en el que las autoridades nicaragüenses le notificaban que, tanto él como su esposa, no estaban autorizados a viajar a ese país.

“Según informó Acosta Gámez, pudo confirmar a través de fuentes de Migración que su nombre aparece en una lista de personas reguladas por los gobiernos de Cuba y Nicaragua, y por ese motivo se le niega la entrada”, señaló Cubalex.

La pareja, que vendió todas sus pertenencias para emprender la travesía hacia Estados Unidos, perdió el dinero de los pasajes y la aerolínea Copa Airlines negó cualquier responsabilidad en la devolución, argumentando que la denegación fue una decisión directa del régimen nicaragüense.

En una grabación enviada a la citada ONG, el periodista independiente alertó sobre la complicidad del régimen de Ortega con la dictadura cubana al negar la entrada a activistas, periodistas independientes y opositores, como represalia por su labor en defensa de los derechos humanos.

Asimismo, denunció que su vida y la de su esposa corren peligro debido a las amenazas recibidas tras su salida forzada de Cuba, incluida la prohibición de regresar al país bajo la advertencia de ser encarcelados.

En febrero pasado, Acosta Gámez, pidió en redes sociales ayuda para llegar a Estados Unidos. Exiliado en Uruguay desde el año pasado por el destierro forzoso al que lo sometió el gobierno cubano, el periodista independiente natural de Baracoa, Guantánamo, fue uno de los primeros sancionados por el Decreto-Ley 35.

Tres casos similares en los últimos treinta días

Las evidencias de la complicidad entre ambos regímenes aliados se acumulan. El caso de Acosta Gámez es el tercero que se hace público desde mediados de junio, cuando a otros dos activistas cubanos se les denegó la entrada a Nicaragua.

El pasado 14 de junio, el opositor cubano Bárbaro de Céspedes denunció que la Seguridad del Estado le impidió salir del país hacia Nicaragua y que existía complicidad entre los gobiernos de ambos países para reprimir y dificultar la vida a activistas cubanos por la libertad y los derechos humanos.

"La Seguridad del Estado ha tratado de hacerme la vida imposible en Cuba, a mi familia y a mí. Tomé la decisión más difícil de mi vida, emigrar de este país que amo y defiendo. No es por temor a la muerte, ya yo no tengo vida, sino por no causar una molestia a mi familia", dijo el opositor.

Sin embargo, tras haber pagado su pasaje para el 14 de junio por la tarde, un costoso vuelo que tenía varias escalas, no le permitieron subir al avión. "Estando en el autobús rumbo al aeropuerto, me enviaron un mensaje donde decían que el gobierno de Nicaragua negaba mi entrada a ese país", relató.

Bárbaro de Céspedes fue detenido por manifestarse el 11 de julio de 2021 y condenado a dos años de prisión por los cargos de atentado, desobediencia y desacato. Fue liberado en febrero de 2024, pero la Seguridad del Estado no le permite abandonar Cuba.

Días más tarde, el régimen de Ortega también negaba la entrada a Nicaragua al opositor cubano Ramón Fuentes Lemes, quien fue devuelto a la isla sin explicaciones desde Bogotá, ciudad en la que esperaba abordar un vuelo con destino a Managua.

Fuentes Lemes, quien vendió su vivienda para adquirir los pasajes, relató a Cubanet que un empleado de la aerolínea Avianca le informó que las autoridades nicaragüenses negaban su entrada.

Horas después, el residente en el municipio especial Isla de la Juventud fue deportado a Cuba, donde dijo temer por su existencia. "Los cubanos no tenemos derechos. No sé qué puede pasar con mi vida. Mi vida corre peligro y no tengo dónde quejarme. Los comunistas son los dueños de este país", manifestó.

Fuentes Lemes tenía como objetivo cruzar varios países hasta llegar a Estados Unidos, a través de la llamada "ruta de los volcanes", un camino elegido por miles de sus compatriotas desde finales de 2021, tras anunciarse el libre visado hacia Nicaragua.

"Nadie me va a hacer cambiar el pensamiento, yo voy a seguir siendo libre de alma. ¡Qué vivan los derechos humanos! ¡Patria y Viva y Patria y Libertad!", sostuvo el opositor que vivió su tercer intento fallido de abandonar definitivamente la tierra que lo vio nacer.

Managua y La Habana: Aliados en el uso del "arma migratoria" como herramienta de presión a Estados Unidos

Nicaragua se ha convertido en un punto estratégico para la migración irregular hacia Estados Unidos, facilitando el tránsito de miles de personas que buscan eludir la peligrosa travesía del Tapón del Darién.

Bajo la administración del dictador Daniel Ortega, el país ha eximido de visado a varias nacionalidades permitiendo que migrantes de diferentes partes del mundo lleguen en avión a Managua y continúen su viaje hacia el norte, lo cual se ha convertido en un lucrativo negocio para el régimen sandinista, señaló un artículo de BBC titulado "El millonario negocio de Nicaragua como puerta de entrada para los migrantes irregulares hacia EE.UU.".

Esta política ha alentado cambios en varios países de la región como Cuba. Tras el estallido antigubernamental del 11 de julio de 2021 Ortega dio un espaldarazo al régimen de La Habana, antiguo aliado, y eliminó el requisito de visa para los cubanos a fin de sacarle presión a la crisis interna en el país.

Desde entonces la isla ha vivido el peor éxodo migratorio de su historia, con más de medio millón de personas que han abandonado el país.

El artículo de BBC señaló que en los últimos dos años, más de 5 millones de migrantes han cruzado la frontera sur de Estados Unidos de manera irregular, muchos de ellos utilizando Nicaragua como plataforma de entrada; y con lo cual el gobierno nicaragüense gana ingresos a través de impuestos aeroportuarios, tasas de visado y otros servicios.

En 2023, se registraron aproximadamente 1,200 vuelos privados destinados a transportar migrantes hacia la frontera sur de Estados Unidos de países lejanos como India y Kazajstán, pero también de naciones vecinas como Cuba y Haití, detalló el texto.

Según el medio nicaragüense Confidencial, entre enero y octubre de 2023 el gobierno habría ingresado unos $65,9 millones de dólares en tasas o multas a migrantes de paso, mientras en los primeros tres meses de 2024 la cifra alcanzaría los $8,4 millones de dólares.

Sin embargo, se cree que los beneficios para el gobierno nicaragüense son mucho mayores, pues un pasaje en vuelo de ida de Cuba a Nicaragua en los últimos dos años rondaba los $3,000, y cada migrante suele pagar entre $10,000 y US$15,000 por la ruta completa desde el lugar de origen hasta la frontera entre México y EE.UU., cita el reporte.

Parte de estas cantidades pagadas a intermediarios o agencias por los cientos de miles de usuarios de la ruta de Managua habría acabado en manos del gobierno de Ortega y sus allegados, indicó la BBC.

Analistas indican que el régimen de Ortega utiliza esta situación no solo para obtener ingresos económicos, sino también como herramienta política para presionar a Estados Unidos.

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