El Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) de Cuba cerró negocios y retiró proyectos de trabajo a 368 “actores no estatales” entre el 17 al 23 de agosto, en la “continuidad” de la cruzada de control gubernamental sobre el sector privado.
En solo una semana, el gobierno ordenó el cierre de 171 establecimientos y el término de 197 proyectos de trabajo de emprendedores particulares, además de efectuarse 58 decomisos de productos y 773 ventas forzosas por “violaciones detectadas”.
El MFP atribuyó las sanciones a causas como “comercializar productos sin exponer los precios, no mostrar la licitud de las materias primas que usan en la prestación de servicios, no exhibir los códigos QR de las pasarelas y por empleo de personal que trabaja sin la contratación que corresponde”, según informó el diario oficial del régimen Granma.
Las “acciones de control” del organismo gubernamental estuvieron dirigidas a detectar violaciones de precios, la inspección fiscal y la bancarización, como ha ocurrido desde que arreció la campaña de fiscalización del sector privado.
En esta semana en particular, las autoridades aseguraron que las principales violaciones fueron el incumplimiento de los precios aprobados por el Comité de Contratación y Concertación de Precios y de los regulados en la Resolución 225/2024 del MFP.
Con esta última normativa, vigente desde julio pasado, el gobierno fijó los precios minoristas de venta a seis productos básicos de alta demanda: pollo troceado, aceite comestible (excepto el de oliva), leche en polvo, pastas alimenticias, salchichas y detergente en polvo.
A partir de su puesta en vigor, las autoridades han incrementado los operativos de control en todo el país para detectar violaciones de precios en el sector no estatal y sancionar a los infractores.
El MFP informó, además, que hasta la fecha se han realizado 157,331 acciones de control fiscal, en las que se determinaron adeudos por un total de 2,999,390,000 pesos.
Según los datos publicados por la entidad gubernamental, también se efectuaron 49 auditorías fiscales con un importe de 58,605,000 pesos y 2,772 operaciones de fiscalización con un importe de 886,314,000 pesos.
Las autoridades supervisaron, además, el cumplimiento de las obligaciones de 154,510 contribuyentes, de los cuales 99,871 habían subdeclarado. El informe precisa que a estos se les determinó una deuda de 2,054,471,000 pesos.
A mediados de julio, a raíz de la puesta en vigor de los precios topados a los negocios privados, el primer ministro Manuel Marrero Cruz aclaró que el gobierno no busca cerrar negocios indiscriminadamente, sino persuadir a los comerciantes para que cumplan con las regulaciones establecidas.
Sin embargo, a poco más de un mes de implementada la Resolución 225/2024 de Finanzas y Precios, se ha intensificado la cruzada del régimen sobre el sector privado.
Entre las consecuencias, la población ha denunciado la “desaparición” de muchos de los productos con precios fijos de las ofertas de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
Asimismo, se mantienen las quejas sobre las tiendas estatales en moneda libremente convertible (MLC), que mantienen sus exorbitantes precios, prohibitivos para la inmensa mayoría de los cubanos residentes en la isla.
Marrero Cruz dijo en julio que los precios topados se establecieron para frenar su crecimiento descontrolado, aunque reconoció que aún no reflejan la relación adecuada entre precios y salarios. Por otra parte, admitió que las tiendas en MLC venden a precios iguales o más altos que las mipymes.
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