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Un tribunal cubano rechazó la apelación de cinco manifestantes de Caimanera, Guantánamo, quienes fueron condenados a penas de entre dos y ocho años de prisión por su participación en las protestas del 2023.
De acuerdo con la agencia EFE, las desestimaciones, confirmadas el martes, se suman a una larga lista decididas por el régimen luego de las manifestaciones que han sacudido al país en los últimos años.
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En mayo del citado año, los jóvenes marcharon por las calles de Caimanera, una localidad contigua a la base naval de Estados Unidos, gritando "Libertad" y exigiendo mejores condiciones de vida.
Las autoridades cubanas inicialmente desestimaron la protesta, alegando que había sido un acto de "indisciplina" causado por personas bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, las condenas que siguieron fueron severas, con acusaciones de desorden público, instigación a delinquir y atentado.
Giselle Morfi, jefa del equipo legal de Cubalex, una ONG de derechos humanos con sede en Miami, Estados Unidos, confirmó que la apelación fue desestimada y que las sentencias originales, que oscilan entre los dos y ocho años, se mantendrán.
Ahora, como próximo paso, los encarcelados, todos hombres, podrían aún recurrir a un procedimiento especial de revisión ante el Tribunal Supremo o ante el Ministerio de Justicia.
Victoria Martínez, madre de dos de los sentenciados, denunció las duras condiciones que enfrenta el pueblo de Caimanera, donde la crisis económica ha empeorado desde las protestas, expuso el citado medio de prensa.
"La situación en Caimanera está bien pésima", afirmó, describiendo cortes de electricidad diarios y una severa escasez de alimentos. Estas dificultades se enmarcan en una crisis económica nacional que incluye la falta de medicamentos y combustible, exacerbada por el colapso financiero que atraviesa Cuba desde hace tres décadas.
En 2023, el Tribunal Popular Municipal de Niceto Pérez sentenció a Daniel Álvarez González a ocho años de cárcel, un año menos de lo solicitado por la Fiscalía, por cargos de instigación a delinquir y desórdenes públicos.
Luis Miguel Alarcón Martínez y Freddy Sarquis González recibieron siete y cinco años de prisión, respectivamente, por los mismos delitos.
Por su parte, Rodolfo Álvarez González fue condenado a cuatro años de cárcel por desórdenes públicos, mientras que Felipe Octavio Correa Martínez recibió una sentencia de dos años de prisión por el delito de atentado.
Yandri Pelier Matos fue absuelto tras la declaración de testigos de la defensa que probaron su no participación en la protesta.
Las condenas de Caimanera son parte de una estrategia más amplia del gobierno cubano para silenciar el descontento popular. Las autoridades ya habían sentenciado a cerca de 500 personas por su participación en las históricas protestas del 11 de julio de 2021, en las que miles de cubanos salieron a las calles en toda la isla para exigir libertades y mejoras sociales.
Organizaciones de derechos humanos como Justicia11J, con sede en México, han documentado más de 1,500 arrestos relacionados con esas protestas, con 607 personas aún en prisión y decenas condenadas por el delito de sedición, una acusación de índole política utilizada para reprimir la disidencia.
Este rechazo a las apelaciones refuerza la percepción de que el régimen cubano está decidido a evitar futuras manifestaciones, utilizando las sentencias como advertencia a la población.
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