El gobierno cubano sancionó con multas que sobrepasaron los 348,000,000 de pesos a las micro, pequeñas y medianas empresas privadas (mipymes), en los dos últimos meses, por incumplir los precios fijados por el régimen para la comercialización de productos básicos, según trascendió en la más reciente reunión del Consejo de Ministros.
A partir de la segunda quincena de julio y hasta el 19 de septiembre, se impusieron 137,391 multas a negocios del sector privado en Cuba, tras ser detectadas 127,532 violaciones en inspecciones realizadas por funcionarios gubernamentales, informó la viceministra primera de Economía y Planificación, Mildrey Granadillo de la Torre.
Estos operativos se inscriben dentro una cruzada gubernamental contra el sector no estatal, que el régimen ha dado en llamar “plan para corregir distorsiones y reimpulsar la economía”.
La embestida se ha arreciado aún más desde que entró en vigor la Resolución 225/2024 del Ministerio de Finanzas y Precios, el 8 de julio pasado, que topó los precios de venta de seis productos de primera necesidad (pollo troceado, aceite vegetal, salchichas, leche en polvo, pastas alimenticias y detergente en polvo), con la anunciada intención de “regular” los altos precios en el comercio minorista.
En esa cuerda, Granadillo recalcó en la última sesión ministerial que “el objetivo no es imponer contravenciones [multas], sino garantizar la regulación de los precios” y afirmó que han mantenido “el monitoreo de los precios máximos para la comercialización de los seis productos (…) por las formas de gestión no estatal”.
El “monitoreo” llevó al gobierno a realizar 222,300 inspecciones en todo el país durante estos dos últimos meses, y a recaudar un monto millonario en multas, aun cuando la viceministra asegura que ese no es el “objetivo”.
El plan gubernamental supuestamente busca combatir los altos precios -que tienen un impacto brutal en las economías de las familias cubanas- y las ilegalidades, pero solo apunta a los emprendedores privados, mientras que las estatales tiendas en moneda libremente convertible (MLC) venden a precios prohibitivos artículos esenciales, como carnes, lácteos, productos de higiene, etc.
La fiscalización a los negocios privados es constante y férrea. El pasado fin de semana, inspectores de Santa Clara realizaron decomisos, obligaron a ventas forzosas y pusieron multas que oscilaron entre los 5,000 y 16,000 pesos cubanos (CUP), amparados en los Decretos 30/21 y 91/24, y la Resolución 225/2024.
Cerrando el cerco, en agosto pasado, el Consejo de Ministros anunció la puesta en vigor del Decreto 107/2024, con el cual amplió a 125 las actividades que prohíbe ejercer a las micro, pequeñas y medianas empresas privadas, cooperativas no agropecuarias y trabajadores por cuenta propia.
Entre las actividades que fueron vetadas al sector privado se encuentran la fabricación de productos farmacéuticos, la intermediación financiera, la edición y maquetación de libros, la programación y transmisión de televisión, las actividades de telecomunicaciones, así como diversas formas de transporte y almacenamiento.
El Decreto 107/2024 refleja la estrategia del régimen de mantener un control centralizado sobre sectores clave de la economía, pero podría tener efectos adversos en términos de crecimiento económico, generación de empleo y bienestar social, según expertos.
En un análisis preliminar en redes sociales, el reconocido economista Pedro Monreal advirtió que “casi la mitad de las prohibiciones (9 de 19) se concentran en dos sectores productivos claves -agropecuario e industria- que presentan severas limitaciones en cuanto a capacidad de oferta y que repercuten directamente en las carencias materiales de los ciudadanos”.
A su juicio, la normativa “confirma el arrinconamiento de la actividad privada y del mercado como parte de medidas estatales para supuestamente ‘corregir distorsiones y reimpulsar la economía’”.
“El decreto 107/2024 consiste en hacer ‘llover sobre mojado’, ampliando las prohibiciones y restricciones que ya estaban contenidas en la norma anterior (Decreto 49/2021), muchas de ellas derivadas de un estrecho razonamiento político y con cuestionable racionalidad económica”, consideró el especialista.
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