Villa Marista está ultimando su próximo 'show' televisivo. Alrededor de una veintena de periodistas y colaboradores de la prensa independiente cubana, muchos de ellos en activo, pero también los hay desvinculados a los medios de comunicación ajenos al oficialismo desde hace dos años, han sido llamados a declarar como testigos en un supuesto caso de "mercenarismo".

Se trata de un delito tipificado en el Código Penal del régimen de Miguel Díaz-Canel, en los artículos 135 y 143. En este último se establecen penas de hasta diez años de cárcel por recibir financiación extranjera.

Además de periodistas, hay gestores de proyectos sociales, emprendedores, activistas y creadores de contenido, según publica El Toque. Todos fueron citados para testificar en una supuesta investigación sobre actividades orquestadas desde Estados Unidos contra el orden constitucional de la Isla.

Entre esos "testigos" hay colaboradores de Periodismo de Barrio y Cubanet. De los pocos casos que se conocen con nombre y apellidos está el de la periodista María Lucía Expósito, que ha denunciado en las redes sociales de un amigo, porque su perfil está inhabilitado, que ha pasado por un interrogatorio de seis horas y le han decomisado mil dólares y su teléfono celular.

La presión es tal que José Luis Tan Estrada, de Cubanet, llegó a responsabilizar al régimen de cualquier cosa que le sucediera, "ante la escalada represiva de la Seguridad del Estado".

Han sido interrogados también el ensayista Alexander Hall y el escritor Jorge Fernández Era, ambos colaboradores de El Toque; Raymar Aguado y el director de la revista Magazine AM:PM, que tuvo que cerrar temporalmente durante el arresto y así lo explicó su equipo en su perfil de Facebook, señalando "los obstáculos" que estaban enfrentando, incluida "la presión y el acoso" a su director.

Las primeras renuncias a colaborar con medios independientes ya se han empezado a ver en las redes sociales. Es el caso de Yadira Álvarez Betancourt, Yennys Hernández Molina y Annery Rivera Velasco, que han anunciado en sus perfiles de Facebook que se desvinculan del periodismo, en algunas caso "por salud".

No saben a quién se investiga

El problema es que esas personas llamadas a testificar desconocen contra quién va dirigida la supuesta causa penal abierta y es ahí donde entra en juego la maquinaria de extorsión de la mal llamada Seguridad del Estado, que presiona a las personas interrogadas para que elijan si quieren seguir siendo testigos o salen imputados en la causa.

Sobre quienes son llamados a testificar pesa el "delito" de haber participado en programas de formación, que incluyen estipendios, para la ejecución de proyectos, algo que el sistema inquisidor de Villa Marista les hace creer que es un delito aunque se trata de una situación completamente normal en democracia. En cambio, en el régimen de Díaz-Canel, lo tienen tipificado como un delito.

Según recoge El Toque, los interrogadores apenas aportan pruebas y cuando las hay, es porque han sido obtenidas ilegalmente de la intervención de las comunicaciones gracias al monopolio comunista de ETECSA. Ante esta situación, los agentes de la mal llamada Seguridad del Estado, empujan a los testigos a autoinculparse y de esta forma fraudulenta obtienen lo que nunca habían tenido: un culpable del delito de mercenarismo.

En esos interrogatorios hay gritos, amenazas y se obliga a los "testigos" a firmar un papel en el que admiten haber pasado por cursos de formación financiados desde fuera de Cuba, ignorando que, como todos saben, la pobreza de Cuba es tan extrema que no hay fondos para este tipo de actividades completamente normales en democracia.

Quienes han pasado por estos interrogatorios son obligados a renunciar al periodismo independiente y a cualquier programa de formación financiado desde el exterior. En algunos casos, incluso, les han obligado a grabar sus confesiones en video.

Como viene siendo habitual en el régimen cubano, estos materiales audiovisuales se verán en algún momento en la televisión oficialista, en programas que buscan desacreditar a la sociedad civil cubana y presentar a los periodistas e informadores como agentes del enemigo, un argumento que de tan manido carece a estas alturas de credibilidad.