Impiden por enésima vez visita familiar al preso político José Daniel Ferrer

La esposa y dos hijos de José Daniel Ferrer se presentaron en la prisión con la intención de verlo, pero nuevamente les fue negado el acceso.

José Daniel Ferrer y Nelva Ismaray Ortega Foto © Facebook

Ana Belkis Ferrer García, hermana del preso político cubano José Daniel Ferrer, denunció que, una vez más, el régimen impidió la visita de su familia en la prisión de Mar Verde, ubicada en Santiago de Cuba.

A través de un mensaje en la red social Facebook, Ferrer García relató que el pasado viernes 4 de octubre de 2024, la esposa y dos hijos de José Daniel se presentaron en la prisión con la intención de verlo, pero nuevamente les fue negado el acceso. Solo se les permitió entregar una jaba con alimentos y productos de higiene.

Publicación de Facebook/José Daniel Ferrer García

Desde marzo de 2023, la dictadura de Castro y Díaz-Canel ha mantenido a Ferrer alejado de su familia, impidiendo su derecho a visitas familiares y conyugales, así como llamadas telefónicas, lo que ya suma 19 meses consecutivos sin contacto.

“JUSTICIA, LIBERTAD Y VIDA PARA #SOSFerrer Y TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS! ABAJO LA DICTADURA CASTRO CANEL COMUNISTA!”, expresó Ferrer García, haciendo un llamado a la comunidad internacional y a los defensores de derechos humanos.

La última integrante de la familia que tuvo acceso fue su esposa Nelva Ismarays Ortega Tamayo, quien en abril debió plantarse ante las autoridades penitenciarias para exigir su derecho a ver al preso político.

Tras varios meses sin poder verlo, Nelva Ismaray apenas gozó de dos minutos en la cárcel de máxima seguridad. El lunes 29 de julio el líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) cumplió 54 años y ni para la fecha accedieron a otorgar el derecho que le corresponde.

El líder de la Unpacu fue detenido el 11 de julio de 2021 por intentar sumarse a las protestas populares de ese día.

Cumple una sanción de cuatro años de cárcel impuesta en febrero de 2020 de cuatro años de privación de libertad por el supuesto delito de "lesiones y privación de libertad" en contra de un tercero, y que había sido conmutada por una sanción de cuatro años y medio de detención domiciliaria.

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