Desde mediados de septiembre de 2024, una nueva ola represiva sacude a la sociedad civil cubana, particularmente dirigida contra periodistas y colaboradores de medios independientes, activistas y gestores de proyectos sociales.
En medio de amenazas, decomisos y extorsiones, la Seguridad del Estado ha intensificado su hostigamiento con el objetivo de desarticular iniciativas críticas al régimen, utilizando tácticas de tortura psicológica y coerción para forzar renuncias y obtener "confesiones" en contra de sus objetivos.
En esta ofensiva, colaboradores de medios como elTOQUE, CubaNet y Periodismo de Barrio han sido citados, interrogados y coaccionados para renunciar a sus labores, bajo la acusación de "mercenarismo", una figura penal utilizada recurrentemente por el régimen cubano para criminalizar la labor de los periodistas independientes.
Este delito, establecido en el artículo 143 del Código Penal cubano, prevé penas de entre cuatro y diez años de cárcel para aquellos que reciban fondos externos con supuestos fines "subversivos".
Sin embargo, la realidad detrás de estas acusaciones es la constante estrategia del gobierno para controlar el flujo de información y reprimir cualquier voz que se oponga a la narrativa oficial.
Testimonios de represión y extorsión
El periodista y ensayista Alexander Hall y el escritor Jorge Fernández Era, ambos colaboradores de elTOQUE, son algunos de los nombres que han emergido entre los afectados por esta nueva arremetida.
Hall fue citado a Villa Marista, el cuartel general de la Seguridad del Estado en La Habana, donde pasó varias horas sometido a un interrogatorio marcado por la intimidación.
Fernández Era, por su parte, fue sometido a dos interrogatorios consecutivos en el mismo centro de detención, durante los cuales las autoridades lo presionaron para que abandonara su labor periodística.
En un contexto similar, la periodista María Lucía Expósito denunció recientemente en redes sociales el decomiso de su teléfono móvil y 1,000 dólares, fondos obtenidos por su participación en un curso formativo en periodismo.
Además, fue sometida a más de seis horas de interrogatorio, en el cual la violencia psicológica fue el instrumento de presión predilecto de las autoridades para lograr su "colaboración".
Como otros colegas, fue obligada a firmar un acta en la que reconocía haber recibido dinero de proyectos "subversivos", una táctica cada vez más común utilizada por el régimen para forzar la autoinculpación y fabricar pruebas inexistentes.
El impacto en los medios independientes
El hostigamiento no ha quedado solo en periodistas individuales. La revista Magazine AM:PM, uno de los medios independientes más influyentes en la promoción de la música cubana, anunció una pausa indefinida debido a la presión y el acoso que ha sufrido su director.
"Nos vamos con la esperanza de volver cuando las condiciones lo permitan", declararon en un comunicado emitido el 16 de septiembre de 2024, reflejando el clima de represión que limita el desarrollo del periodismo independiente en la isla.
Además, CubaNet ha informado de represalias contra varios de sus colaboradores dentro de Cuba. Las intimidaciones incluyen amenazas directas de prisión y afectación a la integridad de sus familias si continúan su labor.
A través de un comunicado, CubaNet denunció que varios de sus reporteros fueron filmados bajo coacción, tras ser sometidos a horas de tortura psicológica. Asimismo, les fueron confiscados sus dispositivos electrónicos y ahorros personales, en un claro intento de quebrar su capacidad de trabajo y mantener un control absoluto sobre la información.
El marco legal: herramienta de represión
Tal y como recuerda el abogado cubano Eloy Viera Cañive en elTOQUE, la represión contra el periodismo independiente en Cuba no es nueva, pero se ha sofisticado a lo largo de los años. Además de la aplicación del artículo 143, el régimen ha fortalecido su marco legal con normativas como los Decretos Ley 370 y 35, así como el Decreto 349, que criminalizan prácticamente cualquier acción que escape al control estatal.
La reciente aprobación de la Ley de Comunicación Social, criticada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) como un mecanismo para legalizar la censura, se ha convertido en un nuevo instrumento de control sobre la libertad de expresión en la isla. Esta ley solo reconoce la existencia de medios vinculados al Partido Comunista de Cuba, negando cualquier legitimidad a los proyectos independientes.
Michael Greenspon, presidente de la SIP, condenó el endurecimiento de las restricciones a la prensa en Cuba, denunciando que el régimen emplea tácticas represivas para "desactivar el descontento social" y suprimir el flujo de información independiente.
Ante este panorama, organizaciones internacionales de derechos humanos han reiterado la urgencia de monitorear la situación en Cuba, donde la libertad de prensa se encuentra bajo constante asedio. La nueva ola represiva es una señal de que el régimen no cesará en sus esfuerzos por silenciar a quienes se atreven a informar desde la independencia, ya sea dentro o fuera de las fronteras cubanas.
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