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La Fiscalía de Bolivia anunció que emitirá una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, quien gobernó Bolivia de 2006 a 2019, para obligarlo a declarar en el contexto de una investigación por presuntos delitos de trata de personas y estupro, relacionados con una menor de edad con la que supuestamente tuvo un hijo.
Sandra Gutiérrez, fiscal departamental de Tarija, declaró que "lo que corresponde es eso, sacar el mandamiento de aprehensión ya que ellos (Morales y los otros investigados) han sido notificados debidamente sin ninguna vulneración de ninguno de sus derechos", citó la agencia de noticias EFE.
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La denuncia en contra del exmandatario sostiene que la víctima era parte de un grupo juvenil creado durante su presidencia, denominado 'Generación Evo'.
Aunque Morales estaba citado a declarar este viernes en Tarija, donde se investiga el caso, su defensa presentó un memorial argumentando que una sentencia constitucional establece que el caso debe ser tratado en Cochabamba, donde reside el expresidente.
Gutiérrez explicó que, al no justificar su incomparecencia, Morales y otros dos investigados enfrentan la misma situación legal.
La fiscal enfatizó que la orden de aprehensión es necesaria para que los implicados se presenten y respondan a los memoriales de su defensa. “No se está vulnerando ningún derecho”, afirmó.
Organizaciones sociales afines a Morales han advertido que, de ejecutarse la orden de aprehensión, iniciarán un bloqueo nacional de caminos en protesta. El exmandatario, que se ha distanciado del actual gobierno de Luis Arce, ha calificado esta situación como una “persecución política” y ha afirmado que cuenta con el respaldo de más de 200 abogados dispuestos a defenderlo gratuitamente.
La denuncia en su contra fue presentada el pasado 26 de septiembre, días después de que liderara una caminata en La Paz, planteando demandas políticas y sociales, e incluyendo su nombramiento como "candidato único" del Movimiento al Socialismo (MAS) para las elecciones generales de 2025. El Grupo de Puebla, una organización política y académica de izquierda en Latinoamérica, ha expresado su preocupación por lo que consideran una "campaña de lawfare" en contra de Morales.
Sin embargo, desde 2020 el exmandatario enfrenta acusaciones similares. En agosto de 2020 el Ministerio de Justicia de Bolivia investigó a Morales, tras recibir una denuncia anónima por una presunta relación amorosa con una menor de edad, con quien habría tenido un hijo.
“Este es un tema bastante, bastante delicado: se trata de la existencia de una niña. Entonces no queremos ser imprudentes de estar lanzando esto al público, sin tener las pruebas necesarias que demuestren que el expresidente Morales mantuvo relación con una menor de edad e incluso procreó un hijo”, declaró la entidad entonces.
La prensa boliviana también expuso ese año otra presunta relación del político con una joven de 19 años, que habría comenzado cuando ella era menor de edad.
En 2016, también se le atribuyó una relación con Gabriela Zapata, exgerente de la empresa china CAMC, a la que el Estado boliviano adjudicó contratos millonarios.
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