“Ninguna sanción podrá justificar el ambiente de miedo, represión y persecución en el que vive hoy el pueblo venezolano”, fue el inicio de una contundente respuesta que la embajadora de Chile ante las Naciones Unidas dio al representante cubano en ese organismo cuando este intentó justificar las violaciones a los Derechos Humanos que ocurren en Venezuela.
“Ninguna sanción es un fundamento habilitante para detener injustificadamente a opositores. Las sanciones nada tienen que ver con las muertes en el contexto de las protestas”, sentenció Claudia Fuentes Julio, representante del Gobierno chileno durante el 57º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que concluyó el pasado viernes 11 de octubre en Ginebra, Suiza.
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En esa reunión, los asistentes aprobaron prorrogar durante dos años más el trabajo de la misión de determinación de los hechos en Venezuela y se aprobó una resolución que insta a Nicolás Maduro y a las fuerzas chavistas a poner fin a la represión, motivo por el cual, el embajador cubano Juan Antonio Quintanilla, intentó justificar la crisis de derechos humanos en Venezuela con las “sanciones”.
El representante del régimen cubano aseguró que la misión de investigación era un mecanismo “falaz, parcializado e inoperante que es la antítesis de los valores que nos comprometimos a defender cuando se creó el Consejo de Derechos Humanos”.
Sin embargo, la respuesta chilena fue contundente y acorde a la postura asumida por el presidente Gabriel Boric con respecto al fraude electoral en Venezuela y a la crisis política en que está sumida esa nación.
“Las sanciones sectoriales han sido usadas por el gobierno de Maduro y sus aliados para desviar la atención y eximirse de responsabilidades sobre la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela”, detalló Fuentes Julio.
Esta actitud del gobierno cubano no es primera vez que la asumen en apoyo a gobiernos violadores de derechos Humanos, no solo de América latina, sino de otras partes del mundo.
El pasado año, el propio embajador Quintanilla salió en defensa de Nicaragua tras la condena en la ONU al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murrillo por crímenes de lesa humanidad.
En esa ocasión, un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, pidió a la comunidad internacional que se impongan sanciones a las instituciones o personas involucradas en varios actos que constituyeron violaciones a los DD.HH como el despojo a 222 personas de diversos perfiles de su nacionalidad y la posterior expulsión del país, tras acusarlas de ser “traidores a la patria” en febrero de 2023.
El régimen cubano fue reelegido el pasado año miembro del Consejo de Derechos Humanos de las ONU y ocupa junto a Brasil y República Dominicana los tres cupos destinados a países América del Sur y el Caribe.
Con esa reelección, la diplomacia del régimen cubano se las ha arreglado para estar 19 años como miembro de este organismo, fundado el 15 de marzo de 2006 por la Asamblea General de Naciones Unidas mediante la Resolución 60/251, pese a las constantes denuncias de violaciones de los derechos humanos en la isla.
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