La represión en Venezuela escaló de forma alarmante en el contexto de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 28 de julio, según un informe publicado este martes por la Misión Internacional Independiente de la ONU.
El documento de 158 páginas acusa al régimen de Nicolás Maduro de cometer crímenes de lesa humanidad en el período previo, durante y después de los comicios, con el propósito de declararse vencedor de unos comicios fraudulentos que, a todas luces, ganó la oposición.
De espaldas a la realidad y decidido a emplear todos los medios violentos a su alcance para impedir el cambio de régimen en Venezuela, Maduro y sus secuaces desplegaron una ola de terror que deja miles de víctimas de torturas, detenciones arbitrarias y desaparecidos.
Empeñado en desconocer la voluntad popular que eligió a Edmundo González Urrutia como presidente, con el apoyo de la líder opositora María Corina Machado, el usurpador del poder y títere de La Habana insiste en que volverá a tomar posesión de la presidencia el 10 de enero de 2025, a pesar del rechazo nacional e internacional.
En estos casi tres meses, la comunidad internacional ha intentado sin éxito encontrar una solución negociada que permita una salida del poder para Maduro y otros dirigentes chavistas, según El País.
Sin embargo, las tensiones internas dentro del chavismo parecen estar aumentando, especialmente después de que Maduro destituyera a los jefes de los servicios de inteligencia tanto de la rama civil, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), como de la militar, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Este movimiento sorprendió incluso a los seguidores del oficialismo, que ven en estos cambios una señal de fractura en la cúpula chavista, especialmente tras la reciente designación de Diosdado Cabello como ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz.
La derrota electoral del chavismo ha puesto en evidencia una serie de problemas que el régimen no supo prever ni controlar. La falta de un plan alternativo en caso de derrota agravó la situación, lo que ha dejado al descubierto el fraude electoral, ampliamente visible, según la ONU.
Represión y fracturas internas
El informe de la ONU se centra en la represión brutal desatada por las fuerzas de seguridad venezolanas tras las elecciones, con 25 víctimas mortales confirmadas, cientos de heridos y miles de detenidos por ejercer su derecho a la libertad de expresión.
La Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), junto con el SEBIN y el DGCIM, han sido acusados de cometer torturas, asesinatos, violaciones y desapariciones forzadas, especialmente contra miembros del partido opositor, así como contra ciudadanos comunes que expresaron su descontento por los resultados.
La ONU ya había publicado un informe preliminar hace un mes que anticipaba estos hallazgos. Sin embargo, este nuevo documento subraya que la represión no fue un fenómeno aislado posterior a la votación, sino que estaba planificada desde antes del inicio de la campaña electoral.
Durante las semanas previas, los opositores ya estaban siendo perseguidos, los observadores internacionales rechazados y denigrados, y las fuerzas de seguridad cometieron abusos que empañaron aún más la transparencia del proceso electoral.
El informe también destaca las crecientes tensiones dentro del chavismo. Uno de los episodios más llamativos fue la desautorización pública del ministro de Asuntos Exteriores, Yván Gil, al fiscal de la nación, Tarek William Saab.
Este último, un aliado clave del régimen desde los tiempos de Hugo Chávez, había acusado al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de haber sido manipulado por la CIA. Sin embargo, Gil desmarcó al gobierno de esas declaraciones, afirmando que Saab había hablado "a título personal".
Este tipo de enfrentamientos públicos son inusuales dentro de las filas chavistas y reflejan las desavenencias internas tras la derrota electoral.
Persecución sistemática
La persecución en Venezuela ha alcanzado niveles alarmantes. La Misión de la ONU reveló que muchas de las detenciones se llevaron a cabo sin orden judicial y bajo acusaciones vagas, como delitos de terrorismo, que impiden a los detenidos defenderse de manera adecuada.
La falta de debido proceso es generalizada, con audiencias celebradas sin abogados de elección y a horas intempestivas. Además, el informe denuncia que las viviendas de personas percibidas como opositoras han sido marcadas con una "X" para facilitar su identificación y posterior represión.
Un fenómeno especialmente preocupante que señala el informe es la detención de menores de edad. La ONU ha documentado la detención de 158 niños y niñas durante o después de las protestas, algunos de ellos acusados de delitos graves como terrorismo.
Esto supone una violación flagrante de los derechos humanos y ha sido condenado con vehemencia por la comunidad internacional.
Conclusiones del informe
El informe de la ONU refuerza la idea de que el régimen de Maduro no solo ha manipulado las elecciones, sino que ha intensificado la represión para mantenerse en el poder a toda costa.
La comunidad internacional, a pesar de sus esfuerzos, no ha logrado hasta ahora frenar esta escalada autoritaria ni encontrar una solución que permita a Venezuela recuperar su democracia y salir del aislamiento internacional.
La destitución de los jefes de inteligencia y las fracturas dentro del chavismo son señales de que el régimen enfrenta tensiones internas importantes.
No obstante, la represión sigue siendo la herramienta principal del gobierno para contener la disidencia, lo que coloca a Venezuela en una situación cada vez más crítica y en un escenario de incertidumbre respecto al futuro inmediato.
Los crímenes de lesa humanidad
Los crímenes de lesa humanidad son una categoría de delitos graves que se consideran de tal magnitud que afectan a la humanidad en su conjunto.
Debido a su gravedad, su enjuiciamiento y castigo no dependen exclusivamente de los sistemas judiciales nacionales, sino que también pueden ser abordados por tribunales internacionales.
La Corte Penal Internacional (CPI) es el principal tribunal encargado de juzgar crímenes de lesa humanidad, así como crímenes de guerra, genocidio y crímenes de agresión.
La CPI puede juzgar crímenes de lesa humanidad cometidos en el territorio de un Estado parte del Estatuto de Roma o por ciudadanos de esos países. Además, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas puede remitir casos a la CPI, incluso si los crímenes se han cometido en países que no son parte del Estatuto.
La Corte investiga y enjuicia a individuos, no a Estados, lo que significa que los responsables directos, como líderes políticos y militares, pueden ser llevados ante la corte. Las investigaciones pueden iniciarse de oficio, por denuncia de los Estados parte o a través del Consejo de Seguridad de la ONU.
La CPI puede imponer penas de prisión de hasta 30 años o cadena perpetua, dependiendo de la gravedad de los crímenes. No contempla la pena de muerte. Además de la prisión, la corte puede ordenar reparaciones a las víctimas.
A pesar de los mecanismos disponibles, llevar a cabo juicios por crímenes de lesa humanidad puede ser un proceso complicado.
A menudo, los perpetradores son personas poderosas con control sobre gobiernos o ejércitos, lo que dificulta su detención y traslado a la CPI u otros tribunales. Además, muchos países no han ratificado el Estatuto de Roma, lo que limita la capacidad de la CPI para actuar en ciertos contextos.
Venezuela y la Corte Penal Internacional
Venezuela ratificó el Estatuto de Roma el 7 de junio de 2000, convirtiéndose en un Estado parte de la Corte Penal Internacional. Esto significa que, en principio, los crímenes graves cometidos en el territorio venezolano, incluidos los crímenes de lesa humanidad, pueden ser investigados y juzgados por la CPI, siempre que se cumplan ciertos criterios.
De hecho, en 2018, la CPI abrió un examen preliminar sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela a partir de 2014, en el contexto de las protestas y la represión contra los opositores al gobierno de Nicolás Maduro.
Este examen preliminar ha sido ampliado en años posteriores para abarcar otros hechos relacionados con la crisis humanitaria y política en el país.
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