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Las elecciones en Estados Unidos han llegado a su día decisivo. Desde este martes, el supermartes, como le llaman en esa nación, los votantes elegirán entre el republicano Donald Trump y la demócrata Kamala Harris para dirigir los destinos de ese país para el período 2025-2029. A esta elección los cubanos residentes en la isla también están pendientes.
“Te puedo decir que si sale Trump nos vamos a comer aquí los zapatos que nos quedan, porque esto está muy malo. La economía aquí está muy mala, y el turismo está por el piso”, dijo un chofer de almendrón, los autos típicos que circulan en La Habana, a la agencia AP.
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El criterio de este cubano va amparado con la política de Trump hacia Cuba durante su primera gestión en La Casa Blanca desde 2017 hasta 2021, la que marcó un regreso a enfoques más duros en comparación con las medidas de apertura impulsadas por su predecesor, Barack Obama.
Durante su administración, Trump revirtió varios de los acuerdos y estrategias que Obama había implementado para mejorar las relaciones bilaterales con la isla, adoptando un enfoque más restrictivo.
Uno de los primeros cambios significativos fue la restricción de viajes y remesas. Trump limitó considerablemente los viajes de ciudadanos estadounidenses a Cuba, eliminando los viajes individuales de "persona a persona", una forma popular de turismo cultural autorizada bajo Obama.
Además, su administración amplió la lista de empresas cubanas con las que los estadounidenses no podían hacer negocios, concentrándose en aquellas vinculadas a los sectores militares y de seguridad de la isla. Esta lista incluye hoteles, tiendas y otros negocios claves que generan ingresos para el gobierno cubano. El objetivo era reducir la capacidad del Estado cubano para financiar sus operaciones mediante el acceso a divisas extranjeras.
En 2017, debido a los llamados “ataques sónicos” que afectaron a personal estadounidense en La Habana, Estados Unidos decidió retirar una parte considerable de su personal diplomático de la isla y reducir los servicios consulares. Esta medida dificultó los trámites de visado para los ciudadanos cubanos, lo que impuso nuevas barreras en las relaciones familiares y de negocios entre los dos países.
Un cambio significativo en la política hacia Cuba fue la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton, una disposición suspendida desde 1996. Al activarla, Trump permitió que ciudadanos estadounidenses demandaran a compañías extranjeras que operaran en propiedades confiscadas por el gobierno cubano tras la Revolución. Esta medida tenía como objetivo desalentar la inversión extranjera en Cuba y presionar a la ya debilitada economía de la isla.
En el ámbito de los derechos humanos, Trump adoptó un discurso crítico hacia el sistema autoritario cubano, mostrando un mayor apoyo a la disidencia y promoviendo abiertamente la causa de los derechos humanos en la isla. Este enfoque fue acompañado por un aumento de la presión diplomática y económica sobre el gobierno cubano en la arena internacional.
Por último, la administración Trump estrechó el vínculo entre las políticas hacia Cuba y Venezuela, acusando a ambos gobiernos de apoyarse mutuamente en prácticas autoritarias. Esta postura se tradujo en una presión adicional sobre Cuba para que cesara su apoyo militar y político al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, elevando el nivel de confrontación con ambos países.
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