El Ministerio de Consumo en España, liderado por Pablo Bustinduy, impuso una sanción histórica de 179 millones de euros a cinco aerolíneas de bajo coste: Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian y Volotea.
Estas compañías han sido penalizadas por prácticas calificadas como abusivas, entre las que destacan el cobro de suplementos por el equipaje de mano y por la reserva de asientos contiguos para acompañar a menores o personas dependientes.
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La multa más elevada recae sobre Ryanair, con un total de 107.775.777 euros, seguida por Vueling (39.264.412 euros), Easyjet (29.094.441 euros), Norwegian (1.610.001 euros) y Volotea (1.189.000 euros).
Según fuentes del Ministerio, estas cifras se han calculado en función del beneficio ilícito obtenido por estas prácticas, para garantizar la proporcionalidad y el efecto disuasorio de la medida.
Las aerolíneas han sido sancionadas por varias conductas consideradas perjudiciales para los consumidores, entre ellas:
- Cobro de suplementos por transportar equipaje de mano en cabina.
- Cargos adicionales para reservar asientos contiguos destinados a menores o personas dependientes.
- Imposición de tasas excesivas para la impresión de tarjetas de embarque en terminales aeroportuarias.
- Omisión de información clara en los precios publicados, dificultando la comparación de ofertas.
- Prohibición de pagos en efectivo en aeropuertos españoles.
En el caso de Ryanair, también se ha señalado el cobro desproporcionado por la impresión de billetes en las terminales cuando los pasajeros no disponían de una copia física.
Esta es la primera vez que el Ministerio de Consumo, con competencias sancionadoras desde junio de 2022, emite sanciones de carácter "muy grave" en el ámbito del consumo. Además de las multas económicas, se ha prohibido expresamente la continuidad de estas prácticas.
Aunque las aerolíneas han manifestado su rechazo a la medida, calificándola de "desproporcionada", el Ministerio ha defendido su decisión como un esfuerzo para proteger los derechos de los consumidores.
Pablo Bustinduy, afirmó que "ninguna compañía, por grande que sea, está por encima de la ley". Asimismo, destacó que el Ministerio seguirá aplicando sanciones cuando se vulneren los derechos de los usuarios.
El presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Javier Gándara, anunció que las aerolíneas recurrirán las sanciones y solicitarán medidas cautelares. Gándara subrayó que estas medidas son perjudiciales para el sector aéreo y turístico español.
Las compañías sancionadas disponen de un plazo de dos meses para interponer recursos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Si no lo hacen, las sanciones pasarán a ser definitivas.
El caso marca un precedente en la aplicación de sanciones en el ámbito de consumo en España y refuerza el mensaje de que los derechos de los consumidores son una prioridad para el Gobierno. Se espera una reacción de las aerolíneas y está por ver si las medidas lograrán disuadir las malas prácticas en el futuro.
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