Un decreto publicado este martes en la Gaceta Oficial obliga a las empresas privadas, extranjeras y estatales a implementar medidas drásticas de eficiencia energética.
El Decreto que dice tener como objetivo principal "establecer las regulaciones para el control del uso eficiente de los portadores energéticos y las fuentes renovables de energía", incluye medidas específicas para situaciones de estabilidad del sistema eléctrico y para regímenes de contingencia.
Uno de los puntos centrales del Decreto 110/2024 es la imposición a los "grandes consumidores" de producir con fuentes renovables al menos el 50 % de la energía que utilizan en horarios pico a partir del año 2028.
El término "grandes consumidores" incluye a aquellas entidades que utilizan un promedio mensual de 30 megavatios hora o 50,000 litros de combustible.
El documento señala que esos usuarios deberán implementar "un sistema de gestión para el control y uso eficiente de los portadores energéticos y las fuentes renovables de energía, de acuerdo con su objeto social, funciones y misión aprobada".
En palabras del decreto, las medidas deberán estar incluidas en un “programa para el desarrollo, mantenimiento y sostenibilidad de las fuentes renovables y el uso eficiente de la energía, con un alcance de cinco años”.
Medidas concretas para la implementación
Las nuevas entidades económicas que aspiren a operar en Cuba tendrán que incluir estos programas en su planificación desde su creación.
En el caso de las empresas ya existentes dispondrán de un plazo de entre tres y cinco años para adaptarse.
Si no es posible instalar paneles fotovoltaicos en sus instalaciones por limitaciones estructurales, tendrán que firmar contratos con parques solares gestionados por la Unión Eléctrica (UNE).
En el caso de las inversiones que demanden altas cantidades de energía, el gobierno adoptará un enfoque más restrictivo en términos de tarifas.
Las nuevas tarifas se calcularán en función del “costo real de la generación con diésel a la tasa de cambio oficial aprobada por el Banco Central de Cuba”.
Sin embargo, esta medida no afectará a la Zona Especial de Desarrollo de Mariel (ZEDM), cuyas tarifas seguirán bajo las normas actuales.
Sanciones por incumplimiento
El decreto también detalla una serie de sanciones para las empresas que no cumplan con las nuevas disposiciones.
Las infracciones incluyen desde mantener instalaciones en mal estado hasta no cumplir con los planes de consumo en horarios pico.
Las multas pueden alcanzar los 15,000 pesos, e incluso se prevé la interrupción del suministro eléctrico por hasta 72 horas.
En caso de "régimen de contingencia eléctrica" -definido como un período de afectaciones planificadas al suministro por más de 72 horas- las sanciones serán aún más severas, llegando a 20,000 pesos.
Entre las violaciones específicas figuran:
-No tener un plan de consumo eléctrico en horarios pico.
-Utilizar equipos de climatización en locales no tecnológicos a temperaturas inferiores a los 24 °C.
-Contar con sistemas de refrigeración y climatización en mal estado o no hermetizados.
-Comercializar equipos sin la Etiqueta de Eficiencia Energética.
-Mal uso de tarjetas prepagadas de combustible.
Creación de "Consejos energéticos"
Otra novedad del Decreto es la creación de “Consejos energéticos” a nivel nacional, provincial y municipal, integrados por representantes de organizaciones políticas, sociales y de masas, así como por actores económicos.
Esos Consejos tendrán la potestad de supervisar y aplicar las medidas establecidas en el Decreto.
Entre sus funciones estará supervisar el cumplimiento de los planes de consumo y la implementación de fuentes renovables en los territorios; el
monitoreo de los altos consumidores y la evaluación y control del desempeño de las entidades con elevado consumo energético.
Además propondrán y aplicarán medidas ante incumplimientos detectados en sus áreas de supervisión.
El decreto llega en un momento en que el régimen cubano ha intensificado su énfasis en las energías renovables, con especial atención a la instalación de paneles solares.
Sin embargo, las obligaciones impuestas por la normativa generan escepticismo entre pequeños empresarios y emprendedores cubanos, quienes cuestionan la viabilidad económica de cumplir con las nuevas regulaciones por el alto coste que tiene para ellos.
Aunque los medios oficiales apenas han abordado el tema más allá de un breve reporte televisivo, es de suponer que esta medida genere controversia en las próximas semanas.
El Decreto 110/2024 se enmarca en un período de crisis energética sin precedentes, que el gobierno intenta paliar con medidas de austeridad y eficiencia.
La nueva legislación no solo pone en evidencia la incapacidad del Gobierno cubano para garantizar un sistema eléctrico eficiente y sostenible, sino que también traslada el peso de su fracaso a los actores económicos, incluidos pequeños empresarios y Mipymes, que ya enfrentan un panorama económico adverso.
En lugar de implementar políticas estructurales para modernizar la generación eléctrica estatal y promover verdaderos incentivos para la transición hacia energías renovables, el régimen opta por imponer obligaciones que serán costosas e inviables para muchos.
El Decreto dado a conocer este martes en la Gaceta de Cuba será efectivo a partir de los 30 días posteriores a su publicación.
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