El Decreto 110/2024: Un análisis de su impacto en la población cubana más allá de los actores económicos

La publicación en redes sociales y medios independientes de la promulgación del Decreto 110/2024, que establece “Regulaciones para el control y uso eficiente de los Portadores Energéticos y las Fuentes Renovables de Energía”, ha generado una fuerte reacción de autoridades y medios oficialistas del régimen cubano.

La inclusión en la norma de un “régimen especial de contingencia eléctrica” (Capítulo VI, Sección Primera), que instituye el proceder de autoridades y actores económicos en caso de declaración y aviso del mencionado régimen, hizo saltar las alarmas de la ciudadanía por la redacción del Artículo 40.1, que contempla la posibilidad de –en caso de necesidad- “afectar el servicio eléctrico de forma planificada y sostenida por más de setenta y dos [72] horas”.

El reciente colapso total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) que sufrieron los cubanos, y que prolongó el apagón por más de 72 horas a escala masiva en el territorio, influyó en la percepción y comprensión de la norma dictada por el régimen cubano, desatando el temor en la ciudadanía de que el Decreto venga a “oficializar” un capítulo todavía más oscuro en la crisis energética.

De inmediato, el aparato mediático del régimen cubano salió a “desmentir” las informaciones publicadas en los medios independientes y redes sociales, alarmados por la avalancha de comentarios de ciudadanos indignados y desesperados.

“Es falso que exista la planificación de un apagón total en Cuba por 72 horas. Cada día la Revista Buenos Días de Canal Caribe y la radio cubana, informan la afectación real, por déficit en capacidades de Generación. NO ES CIERTO QUE SE PREVÉ APAGÓN TOTAL POR 72 HORAS”, salió a aclarar en redes sociales la Unión Eléctrica de Cuba (UNE).

Sin embargo, un análisis del Decreto 110/2024 muestra que, aunque la normativa está dirigida ostensiblemente a los “actores económicos estatales y no estatales”, su contenido y las medidas descritas demuestran que la población general también se verá afectada.

Un marco jurídico para la crisis energética

El Decreto 110 regula cómo se gestionan los recursos energéticos en escenarios críticos. En particular, el Capítulo VI detalla los pasos necesarios para declarar y ejecutar un estado de emergencia ante la contingencia de que “el SEN no logre satisfacer la demanda del sistema con la capacidad de generación”.

El Artículo en cuestión, el 40.1, dice textualmente: “El ministro de Energía y Minas propone al Consejo de Ministros el régimen especial de contingencia eléctrica cuando, el Sistema Electroenergético Nacional no logra satisfacer la demanda del sistema con la capacidad de generación, por lo que es necesario afectar el servicio eléctrico de forma planificada y sostenida por más de setenta y dos horas”.

Según este artículo, la declaración del “régimen de contingencia eléctrica” se activa cuando el SEN no puede satisfacer la demanda durante más de 72 horas, obligando a establecer restricciones planificadas y sostenidas en el suministro eléctrico.

Aunque el enfoque inicial parece delimitar un ámbito de aplicación que engloba a empresas y entidades económicas estatales y no estatales, la realidad descrita en el decreto y su articulado deja en evidencia que las consecuencias de estas medidas inevitablemente impactarán a los hogares cubanos.

Implicaciones para la población general

El solo hecho de que la norma indique un modo de actuación de las autoridades ante la posibilidad de que sea “necesario afectar el servicio eléctrico de forma planificada y sostenida por más de setenta y dos horas”, resalta la evidencia de que esta posibilidad pueda concretarse en la realidad, como ya han experimentado los cubanos.

Sin embargo, resulta altamente improbable que un régimen de contingencia eléctrica pueda aplicarse exclusivamente a los actores económicos sin afectar directamente a la población general. Veamos por qué:

Imposibilidad de desvincular actores económicos y población en un régimen de contingencia:

1. Interdependencia de actores económicos y servicios a la población:

• Los actores económicos estatales y no estatales están intrínsecamente ligados al bienestar de la población. Por ejemplo:
• Los sistemas de refrigeración afectados en entidades económicas incluyen cámaras que conservan alimentos y medicinas, esenciales para el consumo doméstico y la salud pública.
• La paralización de bombeos puede impactar el suministro de agua potable, un servicio básico para los hogares.
• Reducciones en la iluminación y el alumbrado público afectan la seguridad en las calles y comunidades, impactando directamente la vida cotidiana.

2. Prioridades estratégicas que excluyen al sector residencial:

• La priorización de sectores como el turismo, la salud y la producción de alimentos puede reducir aún más la electricidad disponible para el consumo doméstico, incrementando la frecuencia y duración de los apagones en los hogares.

3. Impacto indirecto de las medidas:

• Los ajustes laborales y la redistribución de horarios en los actores económicos también afectan a trabajadores que, en su mayoría, son ciudadanos. Cambios en sus rutinas laborales tienen un impacto en el funcionamiento general de la sociedad.

Razón de la comunicación masiva a la población

La instrucción de que la UNE mantenga informado a través de los medios masivos (Artículo 40.5) sugiere una afectación esperada en la población, aunque el decreto no lo declare abiertamente.

Esto puede interpretarse desde dos perspectivas:

1. Reconocimiento implícito del impacto generalizado: Informar a la población a través de medios masivos confirma que las medidas no están aisladas al ámbito empresarial. Si la población no estuviera implicada, la comunicación podría limitarse a los actores económicos mediante canales directos.
2. Control social y manejo de expectativas: Informar públicamente sobre las medidas busca evitar sorpresas y manejar las reacciones de la población. En un contexto de crisis, el régimen pretende mantener la percepción de transparencia y minimizar las tensiones sociales al explicar las razones de las afectaciones.

En un contexto de generación insuficiente y un SEN obsoleto, el déficit energético no puede gestionarse sin afectar al consumo residencial. Por ello, aunque no se establezcan directamente medidas para los hogares, estos sufren las consecuencias indirectas.

Conclusión: Un decreto que afecta a todos

El Decreto 110/2024 ejemplifica cómo una regulación orientada a los actores económicos tiene un impacto inevitable en la población general.

Al priorizar sectores estratégicos y centralizar la toma de decisiones, el gobierno cubano busca mitigar una crisis energética sin precedentes.

Sin embargo, las medidas descritas y la comunicación masiva requerida reflejan que los hogares también serán protagonistas de esta contingencia, enfrentando apagones, limitaciones en servicios básicos y nuevas tensiones en su vida diaria.

Por lo tanto, el decreto mezcla elementos de control técnico con una narrativa política para gestionar tanto la crisis como su impacto social.

En última instancia, este decreto no solo regula una crisis energética, sino que redefine las condiciones de vida de todos los cubanos, poniendo en evidencia las limitaciones del sistema eléctrico y las profundas interconexiones entre economía y sociedad.

Preguntas frecuentes sobre el Decreto 110/2024 y su impacto en Cuba