El 22 de julio de 2012 fallecían en Cuba los disidentes Oswaldo Payá, líder del Movimiento Cristiano Liberación (MCL) y Harold Cepero, también miembro del MCL. Tenían 60 y 32 años, respectivamente. La versión oficial de los hechos siempre habló de un accidente automovilístico provocado involuntariamente por el español Ángel Carromero, conductor del auto en el que también viaja el sueco Aron Modig.
Estas explicaciones, sin embargo, nunca convencieron a su viuda ni a su hija, pues las circunstancias y hechos tejidos alrededor del supuesto accidente automovilístico estaban plagados de lagunas y contradicciones. Payá era, además, una peligrosa figura para el régimen cubano que en numerosas ocasiones había padecido el asedio y la persecución.
Precisamente, a tres años de haber muerto Payá y Cepero, la organización independiente Human Rights Foundation (HRF) ha emitido un extenso informe jurídico de 83 páginas en el cual, tras haber analizado detenidamente evidencias físicas, informes periciales y declaraciones de testigos, ha encontrado "responsabilidad directa" del Gobierno cubano en las muertes de Oswaldo Payá y Harold Cepero.
El documento, que parte de la premisa de que “Cuba no es un país democrático donde se respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos ni donde exista una separación de poderes”, señala la ocultación de evidencias con el propósito de convertir en accidente lo que fue una acción intencionada: "la evidencia, deliberadamente ignorada por el gobierno cubano sugiere fuertemente que los hechos ocurridos el 22 de julio de 2012 no fueron un accidente (...), sino el resultado de un choque automovilístico provocado deliberadamente por agentes del Estado".
Según Human Rights Foundation, el estado cubano, además, habría negado a las familias de Cepero y Payá la participación en las investigaciones y en el juicio, que por derecho les asistía.
Dentro de las muchas violaciones ocurridas durante el proceso judicial que entorpecieron el esclarecimiento de la verdad de los hechos, estuvieron las infringidas sobre Carromero quien, acusado en Cuba por 'homicidio imprudente', no pudo comunicarse libremente, ni contar con una defensa jurídica independiente y un juicio público.
El documento, co-escrito por Javier El-Hage, consejero general de Human Rights Foundation, y Roberto González, señala al régimen cubano como responsable de “la violación de los artículos 5, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y los artículos 18, 25 y 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, desarrollados e interpretados por un amplio número de instrumentos internacionales que, en conjunto, constituyen un sistema jurídicamente vinculante de promoción y protección de los derechos humanos".
Según aclaró el propio Javier El-Hage en la presentación pública de la investigación llevada a cabo por HRF, “no hay forma de obligar a un estado a realizar una acción”, pero con el informe se da a conocer la forma en la que actuó el estado cubano que deliberadamente ocultó evidencias, incurriendo así en violaciones al derecho internacional y entorpecimiento en la búsqueda de la verdad y la justicia.
Aunque ya hace tres años del fatídico suceso, la familia de Oswaldo Payá aún no ha recibido el informe de la autopsia. Su hija, Rosa María Payá, intentó el pasado martes dejar una carta en la recién reabierta embajada de Cuba en Washington donde una vez más lo solicitaba a las autoridades del MINSAP cubano, pero las puertas del edificio consular nunca se abrieron para ella.
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